Guerra total entre Vialidad y el hotelero de Funes

La pelea entre Vialidad Nacional y el empresario Néstor Rozín sumó un nuevo capítulo cargado de tensión, acusaciones cruzadas y una fuerte disputa política y administrativa por las obras realizadas frente al Hotel Sol de Funes, sobre la autopista Rosario-Córdoba.

Después de que el organismo nacional denunciara la existencia de accesos “clandestinos y peligrosos” hacia el emprendimiento, el empresario salió con los tapones de punta y acusó a Vialidad de “desviar la atención” para ocultar el verdadero eje del conflicto: la reparación de la colectora destruida que, según sostiene, el propio municipio le obligó a mantener en condiciones.

“En ningún lado la carta documento habla de una bajada clandestina. Me intiman por arreglar la colectora”, disparó Rozín, quien además aseguró que todo el escándalo intenta correr el foco del pésimo estado del corredor vial.

La polémica comenzó semanas atrás, cuando el empresario contó públicamente que había sido intimado por Vialidad Nacional luego de realizar trabajos de bacheo y mejoras sobre la colectora ubicada a la altura del kilómetro 307. Según explicó, tomó la decisión después de reclamar durante más de un año sin respuestas mientras el acceso al hotel se volvía intransitable.

En ese momento, la historia parecía resumirse en una escena absurda: un privado reparando pozos y el Estado exigiéndole que destruyera la obra. Pero Vialidad respondió con dureza y aseguró que el problema no era solo el bacheo, sino la existencia de ingresos y egresos irregulares hacia la autopista, ejecutados sin autorización técnica y sin medidas de seguridad.

El organismo nacional advirtió que esos accesos representaban un riesgo para los automovilistas porque obligaban a maniobras peligrosas sobre una traza de circulación rápida, sin carriles de aceleración ni desaceleración.

Ahora, Rozín redobló la apuesta. Afirmó que jamás construyó esas bajadas y aseguró que las huellas vehiculares existen desde hace años. “Están desde al menos 2016. Si la gente no puede salir por un lado, sale por donde puede”, sostuvo.

El empresario también aseguró haber presentado documentación técnica, cálculos e informes de ingeniería para intervenir en el sector y cuestionó la demora del organismo nacional. “Todo esto pasó hace nueve meses y recién ahora se acuerdan de reclamar”, lanzó.

Pero el punto más caliente apareció cuando Rozín exhibió la Ordenanza Nº 1.225/19 de la Municipalidad de Funes. Según afirmó, allí se establece expresamente que el emprendimiento debía ejecutar mejoras viales y hacerse cargo del mantenimiento de la colectora.

“Vialidad dice exactamente lo contrario de lo que exige la ordenanza municipal”, sostuvo el empresario, quien incluso acusó al organismo nacional de desconocer la autonomía de los municipios.

Además, apuntó contra el sistema de concesión vial y cuestionó por qué el reclamo recae sobre él y no sobre quienes explotan económicamente la autopista. “El que cobra el peaje es el concesionario. Ellos deberían hacerse cargo”, afirmó.

Mientras la disputa escala, la situación en la colectora vuelve a deteriorarse. Según Rozín, los pozos reaparecieron rápidamente y el acceso volvió a convertirse en un problema para quienes circulan por la zona.

El conflicto ya dejó de ser solo una discusión por un puñado de baches: ahora expone una feroz pelea por responsabilidades, jurisdicciones y negocios alrededor de uno de los corredores viales más transitados de la región.