Las próximas privatizaciones del Gobierno: energía, trenes, agua y más

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó un ambicioso plan de reformas que incluye privatizaciones y concesiones de empresas estratégicas, con el objetivo de generar ingresos por aproximadamente u$s2.000 millones antes de fin de año.

El anuncio se realizó en el marco de Expo EFI, donde el funcionario detalló las compañías y activos clave que serán parte del proceso.

Las empresas que avanzan hacia la privatización

Entre las principales firmas incluidas se encuentran:

• Transener (a través de Citelec): clave en la red de transporte de energía en alta tensión.
• Centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín: fundamentales para garantizar el suministro eléctrico en picos de demanda.
• Concesiones hidroeléctricas: vinculadas a la generación de energía renovable.
• Belgrano Cargas y Logística: eje central del transporte de cargas y exportaciones.
• Intercargo: encargada de los servicios de rampa en aeropuertos.
• AySA: principal prestadora de agua potable y cloacas en el AMBA.
• Tandanor: referente en industria naval y metalmecánica.
• Casa de la Moneda: responsable de la impresión de billetes y documentos oficiales.

Procesos ya en marcha

Algunos procesos ya están avanzados. En el caso de Transener, se abrió la etapa de ofertas económicas, con propuestas lideradas por consorcios privados que superan los u$s356 millones.

Para Belgrano Cargas, el Gobierno dispuso que los fondos obtenidos se destinen a obras de infraestructura ferroviaria, mediante un fideicomiso específico.

En tanto, la privatización de Intercargo ya cuenta con licitación nacional e internacional autorizada, mientras que en el caso de AySA, se aprobó el modelo de contrato para la concesión total del servicio.

Un plan de fuerte impacto

El paquete de medidas representa uno de los procesos de privatización más amplios de los últimos años en Argentina, abarcando sectores estratégicos como energía, transporte, agua y servicios aeroportuarios.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa busca reducir el peso del Estado, atraer inversiones y mejorar la eficiencia de los servicios, aunque el plan ya genera debate por su impacto económico y social.