Nuevos aranceles en EE. UU.: hasta 12,5% para 60 países por trabajo forzoso

Estados Unidos aplicará a partir de este viernes un nuevo esquema de aranceles a productos importados desde 60 países, con tasas que parten del 10% y pueden alcanzar el 12,5%, según anunció la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). La decisión se fundamenta en investigaciones que señalan la falta de aplicación efectiva de prohibiciones contra bienes fabricados mediante trabajo forzoso.

Las economías afectadas representan cerca del 99,4% de las importaciones estadounidenses. El USTR determinó que los actos, políticas y prácticas de estos países no son razonables en cuanto a la imposición y aplicación de una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado.

La tarifa del 10% corresponde a aquellas naciones que cuentan con una prohibición contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, han asumido compromisos para implementar controles mediante acuerdos comerciales, o poseen sistemas parciales destinados a impedir el ingreso de ciertos productos vinculados con esa práctica. Entre ellas se encuentran Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, y Reino Unido.

Para algunos productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza, la tarifa será de entre 10% y 12,5%, descontando los aranceles existentes bajo las reglas de nación más favorecida. Otros países investigados enfrentarán el nivel máximo del 12,5%. China no figura en esta lista, ya que mantiene un régimen comercial separado con Estados Unidos, con aranceles específicos aplicados a sus productos.

El nuevo esquema sustituye a los aranceles generales del 10% que la Casa Blanca había impuesto de manera provisional mientras buscaba una alternativa tras un fallo de la Corte Suprema que limitó la capacidad del Ejecutivo para establecer ciertos gravámenes comerciales sin autorización del Congreso. Para implementar las nuevas tarifas, la administración recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite imponer restricciones económicas contra países considerados responsables de prácticas comerciales injustificadas, irrazonables o discriminatorias.

El Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer, defendió la decisión al afirmar que Washington busca presionar a otros gobiernos para adoptar medidas similares contra productos elaborados con explotación laboral. “Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, declaró.

Según la USTR, algunos países modificaron sus normas internas durante el proceso de evaluación y lograron reducir el impacto de las tarifas. India, por ejemplo, había sido considerada inicialmente para un gravamen del 12,5%, pero finalmente enfrentará una tasa del 10%. La medida contempla excepciones para determinados productos, entre ellos petróleo, gas y fertilizantes. También quedarán excluidos los bienes que ingresan a Estados Unidos bajo condiciones de libre comercio establecidas por el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA).

Los aranceles serán pagados inicialmente por las empresas estadounidenses que importan los productos afectados. Estas compañías suelen trasladar parte de esos costos a los consumidores mediante aumentos de precios, aunque la administración sostiene que el objetivo principal es modificar las prácticas comerciales de otros países.

La aplicación de estas tarifas ocurre mientras continúan otras investigaciones comerciales impulsadas por Washington. La USTR analiza actualmente si 16 países incurrieron en prácticas relacionadas con una sobreproducción de bienes que podría perjudicar a empresas estadounidenses al reducir los precios internacionales.

Organizaciones especializadas en derechos laborales consideran que las restricciones comerciales pueden generar presión para que los gobiernos adopten controles más estrictos, aunque advierten que requieren mecanismos de aplicación efectivos. La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo forzoso como “todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo amenaza de una pena y para el cual dicha persona no se ofreció voluntariamente”. Según sus datos más recientes, alrededor de 27,6 millones de personas se encontraban en esa situación en 2021.