PROVINCIA NO ADELANTARÁ LA CLÁUSULA GATILLO PARA ESTATALES

El gobierno provincial ha anunciado que no adelantará la aplicación de la cláusula gatillo, a pesar de las presiones de los gremios de trabajadores estatales que han estado reclamando un aumento de salarios debido a los altos índices de inflación que afectan sus ingresos.

El Ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, explicó la posición del gobierno en este asunto. Según Pusineri, el acuerdo con los sindicatos del sector público se basa en la aplicación de la cláusula gatillo de garantía en relación a la comparación que debe hacerse entre el salario y la inflación al mes de octubre. El dato del salario ya ha sido convenido en su momento, por lo que solo falta conocer el índice de inflación del mes de octubre, lo cual se espera que esté disponible entre el 10 y 12 de noviembre.

El Ministro Pusineri también precisó que en esta fecha estimada de noviembre se incluirá la inflación acumulada, utilizando el índice del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. A partir de este punto, la cláusula gatillo se activará y el aumento correspondiente se incorporará a los salarios de noviembre, que se cobrarán en los primeros días de diciembre. Este es el mismo esquema de aumentos que se aplicó en la primera parte del año.

Pusineri también se refirió a la situación de tensión que se está viviendo en el ámbito privado debido a la escalada inflacionaria que está erosionando los salarios de los trabajadores del sector privado. Hasta el momento, no se han reportado casos significativos de suspensiones o despidos masivos en el sector privado, pero se está observando una lucha constante en torno a los ingresos. En el sector privado, se están llevando a cabo paritarias cortas de manera continua, en las que las cámaras empresariales y los sindicatos negocian para mejorar los salarios y añadir suplementos.

Esta decisión del gobierno provincial de no adelantar la cláusula gatillo refleja la importancia de esperar a los datos de inflación más recientes antes de tomar medidas en relación a los aumentos salariales, con el objetivo de garantizar que los trabajadores estatales reciban un ajuste adecuado para compensar el aumento en el costo de vida.