Crimen de Ian Cabrera: el tirador será imputado pero no irá a juicio y piden restringir su libertad

La investigación por el crimen de Ian Cabrera suma un nuevo capítulo con la audiencia de imputación contra el adolescente de 15 años señalado como autor del disparo. Sin embargo, el proceso judicial estará atravesado por una definición clave: no se buscará una condena penal tradicional.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron que, debido a la edad del implicado, se solicitarán medidas tutelares y de resguardo, orientadas tanto a la protección del joven como de la comunidad educativa.

A pesar de la gravedad del hecho y de los cargos que se le formularán, el adolescente no será considerado punible, ya que el nuevo Régimen Penal Juvenil aún no entró en vigencia. Por este motivo, se aplicará la legislación actual prevista para menores no punibles, lo que impide avanzar hacia un juicio penal.

En este marco, el fiscal jefe de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente, Luis Schiappa Pietra, adelantó que se pedirá la restricción de la disponibilidad ambulatoria del menor, una medida que apunta a garantizar la seguridad institucional y resguardar al propio joven.

Durante la audiencia, además, se expondrán las pruebas reunidas en la causa, que buscan reconstruir el hecho y esclarecer el móvil del ataque. Entre los elementos más relevantes se encuentra el celular del acusado, que será peritado para analizar mensajes y actividad en redes sociales, considerados clave por los investigadores.

También forman parte del expediente las imágenes de las cámaras de seguridad de la escuela, junto con los testimonios de testigos, que permitieron reconstruir la secuencia desde el ingreso del menor al establecimiento hasta su detención.

En paralelo, se presentarán los resultados de los allanamientos realizados en San Cristóbal, llevados adelante por la División Unidad de Investigación de la Policía Federal. Los procedimientos se centraron en la vivienda donde el joven vivía con su madre y un comercio vinculado a su familia.

El caso, que conmocionó a la provincia y al país, vuelve a poner en discusión los límites del sistema penal juvenil, las medidas de protección y el rol del Estado ante hechos de violencia extrema en el ámbito escolar.