La Justicia apartó a los querellantes de la causa $LIBRA y la investigación queda exclusivamente en manos de la fiscalía

La investigación judicial por la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA sufrió un giro relevante este viernes. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió excluir del expediente a los cinco querellantes que representaban a los presuntos damnificados, una decisión que reduce significativamente la participación de las víctimas en el proceso y deja el avance de la causa únicamente bajo el impulso del Ministerio Público Fiscal.

La resolución respondió a un planteo presentado por la defensa de Mauricio Novelli, uno de los imputados en la causa. El magistrado consideró que quienes se habían constituido como querellantes no lograron acreditar un perjuicio directo que les otorgara legitimación para intervenir como acusadores particulares dentro del expediente.

Hasta ahora, los querellantes habían tenido un rol activo en la investigación, promoviendo medidas de prueba, impulsando recursos judiciales y cuestionando la lentitud con la que avanzaba el expediente. Con su exclusión, esas facultades desaparecen y la continuidad de la causa dependerá exclusivamente de las decisiones del fiscal Eduardo Taiano.

La investigación busca determinar si existió una maniobra fraudulenta en torno al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionada públicamente por el presidente Javier Milei antes de que su cotización sufriera un fuerte desplome, generando pérdidas para numerosos inversores. El expediente tiene entre sus imputados a empresarios y organizadores vinculados al proyecto, mientras continúa el análisis de pruebas técnicas y financieras.

Aunque la decisión judicial no implica el cierre de la causa ni el sobreseimiento de los acusados, distintos especialistas consideran que la salida de las querellas podría ralentizar aún más una investigación que hasta el momento registra escasos avances, sin llamados a indagatoria y con diversas medidas probatorias todavía pendientes.

La resolución también reabre el debate sobre el alcance de la participación de las víctimas en procesos judiciales de delitos económicos complejos, especialmente en aquellos vinculados a inversiones de alto riesgo y activos digitales, donde la determinación del daño directo suele convertirse en uno de los principales puntos de discusión jurídica.