LEY DE ALQUILERES: CUÁLES FUERON LOS CAMBIOS APROBADOS EN DIPUTADOS

Aunque su intento de derogación de ciertos aspectos de la ley no prosperó, obtuvieron el quórum necesario y lograron la aprobación de su proyecto con 125 votos a favor. Este cambio trae consigo varias transformaciones clave en el ámbito de los alquileres residenciales en Argentina.

Uno de los puntos centrales de la modificación radica en la forma en que se establece el precio del alquiler. La nueva normativa busca que el precio se determine como un valor único y por períodos mensuales, permitiendo ajustes según el acuerdo entre las partes. Sin embargo, se ha introducido una especificación importante: estos ajustes solo podrán realizarse en intervalos no inferiores a 4 meses. Esta disposición busca brindar mayor estabilidad y previsibilidad a los inquilinos, evitando incrementos demasiado frecuentes.

En lo referente a los mecanismos de actualización del precio del alquiler, las partes podrán acordar al inicio del contrato el uso de índices como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS), todos elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esta flexibilidad tiene como objetivo proporcionar alternativas ajustadas a la realidad económica, pero siempre sujetas al acuerdo entre las partes.

La duración mínima de los contratos es otra área que ha sufrido cambios. Se establece un período mínimo de 2 años para los contratos, revirtiendo así la normativa actual. Sin embargo, esta disposición no aplica a alquileres de unidades amuebladas destinadas a fines turísticos u otros propósitos temporales en interés del inquilino.

En lo que respecta a los aspectos financieros, se han introducido restricciones en los pagos anticipados y los depósitos de garantía. Ahora, no se podrá exigir al inquilino el pago de alquileres anticipados ni depósitos de garantía superiores a un mes. Esto busca reducir la carga financiera inicial para los inquilinos y promover un acceso más equitativo a la vivienda.

Además, la responsabilidad de las reparaciones ha sido definida con mayor claridad. Los propietarios tendrán un plazo máximo de 24 horas para abordar reparaciones urgentes después de recibir la notificación del inquilino. En el caso de reparaciones no urgentes, el plazo se extiende a un máximo de 10 días corridos. Esta disposición pretende garantizar condiciones habitables y seguras para los inquilinos.

Por último, se ha incluido una disposición que permite a los inquilinos rescindir el contrato antes de su vencimiento, pero solo después de los primeros seis meses de duración. Si la notificación de rescisión se realiza con al menos tres meses de anticipación, no se requerirá ningún pago adicional.

Este conjunto de cambios representa un paso significativo en la regulación de los alquileres en Argentina. Ahora, el proyecto avanza hacia el Senado, donde se espera un debate adicional antes de su posible ratificación como ley. Estos cambios buscan equilibrar los derechos y responsabilidades tanto de los inquilinos como de los propietarios, con el objetivo de promover un mercado de alquileres más justo y transparente.