Paro docente: el Gobierno controlará las escuelas y se prepara para un conflicto con los gremios

En el regreso a las aulas tras el receso de invierno, el Gobierno enfrenta este lunes el primer conflicto docente desde que rige la reforma laboral que, entre otras cuestiones, declaró a la enseñanza básica como servicio esencial.

En gran parte de las escuelas del país se espera que las aulas permanezcan cerradas durante toda la jornada por el paro anunciado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Durante el fin de semana, las autoridades del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, cuestionaron la medida de fuerza y advirtieron que, si se lleva adelante tal como está prevista, se estaría violando la norma aprobada por el Congreso a comienzos de este año.

Qué dice la ley y por qué está vigente

El artículo 24 de la ley 27.802 establece que "los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación" de determinados servicios considerados imprescindibles por el Poder Ejecutivo deben garantizar una cobertura mínima del 75%.

Entre los sectores calificados como "esenciales" o "de importancia trascendental" figura "el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial".

Ese apartado fue judicializado por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que conduce Sergio Romero. El juzgado laboral N° 74 suspendió en primera instancia la declaración de esencialidad para la educación, pero el Estado apeló el fallo y logró que la reforma siga plenamente vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

El operativo de control y las sanciones

Por esa razón, en la Casa Rosada prepararon un plan para supervisar durante todo el lunes la actividad en los colegios estatales y detectar los lugares donde no se cumpla el requisito legal. Según fuentes al tanto de la situación consultadas por Infobae, si se detectan irregularidades las autoridades nacionales harán la denuncia correspondiente.

"Se arrancará un proceso sancionador, si es que no cumplen con lo establecido. No sería la primera vez que se sancione a un gremio por violar una conciliación obligatoria", remarcó un funcionario. En el Gobierno detallan que se trata de "un trámite extenso" y que "la primera medida es una multa".

"Ojalá no ocurra, porque lo que se quiere lograr, en última instancia, es que haya clases, pero si no cumplen con el 75% de capacidad, se dictará la sanción y se comunicará oportunamente", advirtieron.

Como antecedente, en Capital Humano recuerdan el caso de La Fraternidad, multada por más de 21.000 millones de pesos por sumarse al paro de la CGT y desacatar la conciliación obligatoria. Las autoridades advierten además que los gremios podrían llegar a perder la personería, aunque admiten que ese desenlace es más difícil.

La reunión de urgencia del Consejo Federal

El domingo Pettovello convocó de urgencia al Consejo Federal de Educación, que reúne a los ministros del área de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. Durante ese encuentro virtual, el secretario nacional Carlos Torrendell les ratificó a sus pares que se exigirá el acatamiento de lo dispuesto en la reforma laboral.

"Se coordinaron las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional durante la jornada de paro nacional del lunes 3 de agosto", escribió la ministra en su cuenta de X tras la reunión.

El reclamo del gremio

CTERA confirmó días atrás el paro de 24 horas en todas las escuelas del país como respuesta a la negativa del Ejecutivo a convocar la Paritaria Nacional Docente.

El gremio sostiene que el sueldo mínimo de un docente está estancado en 500 mil pesos y reclama un aumento sustancial junto con el regreso del FONID, el fondo con el que el Estado pagaba mensualmente un incentivo a maestros y profesores, eliminado en 2024.

El Gobierno responde que "la definición de los salarios corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, verdaderos empleadores de los docentes", y no a la administración nacional. En Capital Humano recuerdan que ese esquema rige desde 1992, por lo que la Nación no interviene directamente en los acuerdos sobre condiciones laborales, calendario educativo o salario mínimo.

La cartera señaló además que la propia CTERA judicializó la norma y obtuvo una medida cautelar que suspendió un decreto que dejaba en manos del Consejo Federal la definición de esas cuestiones, lo que generó "un conflicto innecesario que dificulta la continuidad del diálogo institucional".

"Son las provincias, junto con las entidades gremiales, quienes establecen las condiciones salariales por medio de la negociación: el Estado nacional no integra una supuesta paritaria nacional docente, por la sencilla razón de que no es el empleador de los docentes", argumentó el Ministerio, que acusó al sindicato de "amenazar ahora con un paro ilegítimo que compromete el derecho a la educación de los estudiantes argentinos" tras no encontrar "eco en el ámbito judicial".