“¿Qué hiciste?”: el impacto en familias tras millonarias intimaciones por amenazas escolares

El Gobierno de Santa Fe dio un paso firme frente a la creciente ola de amenazas en instituciones educativas: intimó a familiares de alumnos involucrados a pagar los costos de los operativos de seguridad, en una medida que ya genera fuerte impacto social.

Durante el último fin de semana, se notificaron 11 casos en seis departamentos de la provincia, con un monto total que supera los 36 millones de pesos. Las intimaciones alcanzaron a familias de San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín, en el marco de una estrategia que busca frenar este tipo de hechos.

Desde el Ejecutivo provincial fueron claros: “no es una broma, es un delito”, sostuvo el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Además, aclaró que el cobro no constituye una multa ni una sanción penal, sino una indemnización civil por los daños ocasionados al Estado.

Cinco días para pagar o ejecución judicial

Las familias notificadas cuentan con un plazo de cinco días para abonar la deuda. En caso de no hacerlo, los expedientes serán derivados a la Fiscalía de Estado, que avanzará con la ejecución judicial para recuperar el dinero.

Los montos reclamados se calculan en función de los recursos desplegados en cada operativo, incluyendo móviles policiales, combustible, personal y brigadas especializadas. Esto explica por qué algunas cifras resultan tan elevadas.

El impacto en los hogares

Uno de los episodios más resonantes dejó al descubierto el impacto directo de la medida: al recibir la notificación, una mujer increpó a su nieto con una frase que resume el clima de sorpresa y tensión:
“¿Qué hiciste, no te da vergüenza?”, le reprochó al enterarse de que debía afrontar una deuda superior a los 5,8 millones de pesos.

Una señal política y social

La decisión del gobierno provincial busca marcar un límite claro frente a una problemática que creció en los últimos meses: las amenazas escolares que activan costosos operativos de emergencia.

Con esta medida, Santa Fe intenta enviar un mensaje contundente:
las consecuencias no solo serán penales, sino también económicas, y alcanzarán directamente a los adultos responsables.

El desafío ahora será evaluar si este tipo de sanciones logra disuadir nuevas amenazas o si, por el contrario, abre un debate más amplio sobre responsabilidad, prevención y el rol de las familias frente a conductas de riesgo en adolescentes.