Alarma por los intentos de suicidio en Argentina: los adolescentes y jóvenes, en el centro de la preocupación

La implementación plena de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio (Nº 27.130) marcó un punto de inflexión en el abordaje de una problemática histórica en la Argentina. Reglamentada en 2015 pero operativa desde 2021, la norma permitió por primera vez contar con un registro nacional de intentos de suicidio, desagregado por edad, género y antecedentes, una herramienta clave para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

Según datos difundidos por el Ministerio de Salud en el Boletín Epidemiológico del 29 de diciembre, entre abril de 2023 —cuando comenzaron a incorporarse reportes provinciales— y octubre de 2025 —con todas las jurisdicciones notificando— se registraron 22.249 intentos de suicidio en el país. De ese total, el 95% no tuvo resultado mortal (20.928 casos), mientras que el 5% restante derivó en fallecimientos (1.218). La relación indica que por cada intento fatal se producen 17,2 intentos no fatales.

El análisis por género muestra una brecha significativa: las mujeres concentran el 61% de los intentos (13.484), aunque con una letalidad muy inferior a la de los varones. La tasa de mortalidad es del 2,1% en mujeres frente al 10,8% en hombres, más de cinco veces superior.

La mayor alarma se enciende entre los más jóvenes. Las tasas más elevadas se observan en los grupos de 15 a 19 años (124 casos cada 100.000 habitantes) y de 20 a 24 años (114 cada 100.000). En particular, las adolescentes de entre 15 y 19 años encabezan las estadísticas, con una incidencia que duplica a la de los varones de la misma edad.

Desde el Programa de Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio —creado en 2022 y articulado con las provincias— se identificaron factores recurrentes entre quienes intentaron quitarse la vida. Cerca del 20% contaba con un diagnóstico previo de afecciones de salud mental, mientras que el consumo problemático de sustancias aparece como un componente relevante: el 13% de los casos refiere al alcohol y el 12% a la cocaína.

En paralelo al fortalecimiento del registro y la vigilancia epidemiológica, el Congreso Nacional debate iniciativas para ampliar el alcance de la prevención y la atención en salud mental, especialmente entre menores de 24 años, la franja más afectada. En la Cámara de Diputados se presentaron proyectos que, si bien pertenecen a legisladores que ya no ocupan sus bancas tras el recambio del 10 de diciembre, siguen marcando la agenda.

Entre ellos, la ex diputada salteña Pamela Calletti impulsó la creación del programa “Salud Mental 2.0”, orientado a brindar asistencia psicológica digital gratuita, junto con talleres comunitarios y capacitaciones en bienestar emocional. El enfoque apunta a reducir brechas de acceso, especialmente en zonas rurales o con escasa oferta profesional, y a facilitar la continuidad de los tratamientos mediante modalidades más flexibles.

En 2025, las bonaerenses Marcela Campagnoli y Eugenia Alianiello presentaron una propuesta para desarrollar un Plan Nacional de Prevención del Suicidio con eje en la formación de profesionales de salud mental y adicciones. El proyecto incluía, además, la incorporación de contenidos específicos en las carreras de psicología, campañas de concientización en medios de comunicación y la institucionalización de una línea telefónica de atención bajo la órbita del Ministerio de Salud.

Mientras avanzan los debates legislativos, el Estado articula con organizaciones de la sociedad civil. El Centro de Asistencia al Suicida (CAS) sostiene líneas de auxilio anónimo y confidencial —135 y 0800-345-1435— como parte de una red de contención que busca dar respuestas inmediatas ante situaciones de crisis.

Los datos del registro nacional confirman una tendencia que interpela a todo el sistema: la prevención del suicidio requiere políticas sostenidas, acceso temprano a la salud mental y estrategias focalizadas en las juventudes, donde hoy se concentra el mayor impacto de esta problemática.