La Justicia embargó bienes de ex funcionarios macristas y directivos de Vicentin por una presunta estafa millonaria al Estado

La Justicia federal avanzó en la causa que investiga el presunto fraude cometido contra el Banco de la Nación Argentina en los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri. El juez federal Julián Ercolini ordenó el embargo e inhibición general de bienes de 18 exdirectivos del Banco Nación y empresarios del Grupo Vicentin, por una defraudación estimada en más de 300 millones de dólares.

La medida alcanza, entre otros, al expresidente del Banco Nación Javier González Fraga y al exvicepresidente Lucas Llach, además de gerentes, síndicos de la entidad financiera y autoridades de la cerealera. Según el fallo, entre agosto y diciembre de 2019 se habrían autorizado créditos irregulares y maniobras financieras que beneficiaron a Vicentin, generando un grave perjuicio para el Estado.

De acuerdo a la resolución judicial, el banco habría permitido una defraudación por aproximadamente 304 millones de dólares, al otorgar préstamos sin cumplir con las normas internas ni los límites crediticios vigentes. El juez también cuestionó que la entidad no intimara a la empresa por deudas vencidas y que autorizara transferencias por más de 43 mil millones de pesos desde cuentas que no tenían facultades para realizar cobros compensatorios.

La investigación sostiene que existió una actuación coordinada entre funcionarios del Banco Nación y directivos de Vicentin para otorgar al menos 28 préstamos por un total de 105,5 millones de dólares, con el objetivo de asegurar el provecho del delito y permitir a la empresa seguir operando pese a su delicada situación financiera. En ese marco, la Justicia contempla futuros decomisos, la aplicación de multas y la reparación del daño ocasionado al patrimonio público.

El economista Claudio Lozano, querellante en la causa, vinculó el caso con la relación política entre el Grupo Vicentin y el entonces presidente Mauricio Macri. Según su planteo, se permitió a la firma disponer de garantías por unos 791 millones de dólares, una maniobra que habría sido clave para facilitar la estafa al Estado y profundizar el quebranto del Banco Nación.

La causa continúa en etapa de investigación y representa uno de los expedientes judiciales más relevantes vinculados al final del gobierno de Cambiemos, por el volumen del presunto desfalco y por la implicancia directa de exfuncionarios de primera línea y uno de los principales grupos agroexportadores del país.