Alertan que el Súper RIGI podría perjudicar a la industria santafesina

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Súper RIGI, una herramienta impulsada por el Gobierno nacional para atraer grandes inversiones privadas mediante un amplio paquete de beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios. La iniciativa obtuvo 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, y ahora deberá ser tratada por el Senado.

El régimen está dirigido a nuevas actividades económicas que comprometan inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, con el objetivo de captar proyectos de escala internacional en sectores estratégicos. Desde el oficialismo sostienen que la medida permitirá mejorar la competitividad de Argentina frente a otros países que también ofrecen incentivos para atraer capitales.

¿Qué contempla el Súper RIGI?

Entre los principales beneficios se destacan la estabilidad fiscal por 30 años, la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, la posibilidad de contar con libre disponibilidad de divisas, exenciones en derechos de importación y exportación y una menor carga en contribuciones patronales.

Además, el esquema habilita la posibilidad de resolver litigios en tribunales internacionales y limita la capacidad de las provincias adheridas para crear nuevos tributos que afecten a los proyectos alcanzados por el régimen.

Santa Fe, una de las provincias con mayor potencial para aprovecharlo

La aprobación del Súper RIGI genera especial expectativa en Santa Fe, una provincia que concentra una de las mayores plataformas productivas y exportadoras del país. Su red de puertos sobre el río Paraná, la infraestructura logística y el peso de la agroindustria la convierten en una candidata natural para recibir inversiones de gran magnitud.

Sectores vinculados a la industria alimentaria, biocombustibles, energías renovables, infraestructura portuaria, minería asociada a la cadena de valor y proyectos tecnológicos podrían verse beneficiados si empresas internacionales deciden radicar nuevas operaciones en territorio santafesino.

El requisito que podría favorecer a las empresas santafesinas

Durante la negociación parlamentaria se incorporó la obligación de que los proyectos destinen al menos un 20% de su inversión a proveedores locales. Este punto es considerado clave para Santa Fe, donde existe una amplia red de pequeñas y medianas empresas industriales capaces de abastecer bienes y servicios a grandes emprendimientos.

La medida busca evitar que las inversiones operen de manera aislada y fomentar un efecto derrame sobre la economía regional, generando actividad para talleres, industrias metalúrgicas, empresas de servicios y proveedores tecnológicos.

Las críticas de la oposición

La oposición cuestionó duramente la iniciativa al considerar que otorga beneficios excesivos a grandes grupos inversores. Legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda señalaron que varios proyectos ya habían manifestado interés en invertir en Argentina sin necesidad de un esquema tan favorable.

También advirtieron sobre la pérdida de recursos fiscales y las limitaciones que podrían enfrentar las provincias para aplicar políticas tributarias propias una vez adheridas al régimen.

Un debate que también atraviesa a Santa Fe

Mientras algunos sectores empresariales santafesinos consideran que el régimen podría impulsar la llegada de capitales y generar empleo, otros plantean dudas sobre el impacto a largo plazo en la recaudación provincial y municipal.

El debate promete profundizarse en las próximas semanas, cuando el proyecto llegue al Senado. Allí se definirá si el Gobierno logra convertir en ley una de sus principales apuestas para atraer inversiones y dinamizar la economía argentina, con potenciales efectos directos sobre el desarrollo productivo de Santa Fe.