ANSES SUSPENDERÁ PRESTACIONES A QUIENES PASEN MÁS DE 90 DÍAS FUERA DEL PAÍS

A partir de la Resolución 918/2024, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó una nueva medida que establece la suspensión de prestaciones y asignaciones a aquellas personas que permanezcan más de 90 días consecutivos fuera de Argentina. La normativa, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular de ANSES, Mariano de los Heros, busca reforzar el control sobre los beneficios no contributivos de la seguridad social y asegurar que los receptores cumplan con el requisito de residencia en el país.

Cómo se implementará la suspensión

La ANSES trabajará en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones para monitorear las entradas y salidas del país, utilizando las bases de datos compartidas entre ambos organismos. Aquellas personas que excedan el plazo de 90 días corridos fuera del territorio argentino verán suspendidos sus beneficios.

El artículo 3 de la resolución aclara que, una vez verificado el incumplimiento, la baja de la prestación será efectiva hasta que el titular del beneficio solicite su reactivación y pueda demostrar que ha retornado al país. Sin embargo, la reactivación solo será aplicable a prestaciones que no impliquen una pérdida total del derecho. En casos donde el incumplimiento conlleve la pérdida definitiva del beneficio, este será dado de baja sin posibilidad de reincorporación.

Precedente en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Esta medida sigue la línea de un proceso de reorganización iniciado por la ANSES. En mayo de 2024, la Justicia ordenó la baja de 2.954 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que residían en el extranjero, tras haber superado el límite de 60 días fuera del país. Los beneficiarios de la PUAM, que se inscribieron como mayores de 65 años sin posibilidad de acceder a una jubilación, no habían registrado su retorno a Argentina, violando así la normativa que exige la permanencia en el territorio nacional.

Con esta nueva disposición, el Gobierno reafirma su compromiso de controlar estrictamente los requisitos de residencia para el acceso y permanencia en los beneficios sociales, buscando evitar el uso indebido de los fondos públicos y garantizando que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.