EL GOBIERNO ANUNCIA UNA REFORMA MIGRATORIA CON CAMBIOS EN RESIDENCIA, SALUD Y EDUCACIÓN

A través de un mensaje del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno nacional confirmó el lanzamiento de una reforma migratoria que será instrumentada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), cuya publicación en el Boletín Oficial se prevé para los próximos días.

La medida, promovida principalmente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca endurecer los requisitos para otorgar residencia a extranjeros, ampliar los mecanismos de expulsión y arancelar determinados servicios públicos para quienes no posean residencia permanente en el país.

Deportaciones más ágiles y restricciones de ingreso

Uno de los ejes centrales del decreto será la prohibición del ingreso al país de cualquier extranjero que haya sido condenado penalmente, así como la expulsión inmediata de quienes cometan delitos en territorio argentino, sin importar la pena establecida. También se habilitará que delitos con penas menores a cinco años sean causales de denegación de ingreso o expulsión, aunque aún no se han especificado los procedimientos ni plazos para su implementación.

Esta línea de acción retoma lo dispuesto en el DNU 70/17 aplicado durante el gobierno de Mauricio Macri, que en su momento fue derogado por considerarse inconstitucional.

Servicios de salud y educación arancelados

Otro de los aspectos destacados de la reforma migratoria es la decisión de exigir el pago por los servicios de salud pública a los extranjeros que se encuentren en situación de residencia transitoria, temporaria o irregular. Además, será obligatorio contar con un seguro médico para ingresar al país bajo dichas condiciones.

Según datos oficiales, esta medida busca reducir el gasto estatal, que en 2023 fue de $114.000 millones en atención sanitaria a personas extranjeras.

En el ámbito educativo, el Gobierno autorizará a las universidades nacionales a establecer aranceles para estudiantes que sean residentes temporarios, dejando en manos de cada institución la decisión de implementar o no este cobro. La educación inicial, primaria y secundaria continuará siendo gratuita para todos, independientemente de la condición migratoria.