EL GOBIERNO AVALA ANTIDOPING A POLICÍAS, PERO ADMITE QUE CONSUMIR DROGAS NO IMPLICARÁ SANCIÓN NI DESPIDO

El gobierno provincial anunció que implementará controles antidoping para los efectivos de la Policía de Santa Fe, en una medida que también alcanzará al Servicio Penitenciario, a los aspirantes del Instituto de Seguridad Pública (Isep) y a los propios funcionarios del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, pese al impacto simbólico del anuncio, el ministro Pablo Cococcioni dejó claro que un resultado positivo en un test de drogas no implicará sanción automática ni cesantía del agente.

La iniciativa surge tras un caso que sacudió a la fuerza: la detención de una suboficial de 21 años acusada de filtrar información desde el 911 a su pareja, un recluso. Según Cococcioni, el consumo de estupefacientes por parte de un miembro de la fuerza “compromete el correcto desempeño de su función”, dado que expone al agente a una relación de dependencia con el mundo delictivo.

“La policía no tiene el monopolio del consumo de sustancias, pero quienes integramos el sistema de seguridad debemos aceptar ciertas limitaciones, porque la sociedad nos confía su protección”, afirmó el ministro en declaraciones a Radio 2. Para Cococcioni, la sola existencia de consumo genera un vínculo peligroso con el narcotráfico: “Donde hay droga, hay violencia y muerte. Y un funcionario que se mueve en ese entorno debilita la confianza pública”.

Controles sin consecuencias concretas

Los controles serán sorpresivos y estarán a cargo de equipos externos que recolectarán y analizarán muestras de orina. Aunque la decisión pretende enviar una señal de rigor institucional, el mismo Cococcioni explicó que el resultado positivo no será causal de despido: “Se activará un protocolo con el Ministerio de Salud para tratar al agente, pero no se lo cesanteará automáticamente”.

En casos donde el rol del agente esté directamente vinculado al combate del narcotráfico, podría ser reasignado. “Si una persona da positivo por cocaína y trabaja en microtráfico, ya no podrá seguir allí”, ejemplificó el funcionario.

Una medida con limitaciones

El anuncio genera interrogantes sobre el verdadero alcance de la medida. Aunque desde el gobierno se intenta presentar como una política de transparencia y depuración interna, el hecho de que no implique sanciones disciplinarias concretas abre la puerta a cuestionamientos sobre su eficacia real para combatir la connivencia entre fuerzas de seguridad y crimen organizado.

Con esta medida, la provincia pone el foco en una problemática compleja, pero deja sin resolver el debate de fondo: ¿puede garantizarse un servicio policial eficiente y confiable sin consecuencias claras ante conductas incompatibles con la función pública?