SANTA FE PUSO EN MARCHA SU PRIMER JUICIO POR JURADOS

Este lunes marcó un hito para la justicia santafesina: en la ciudad de San Cristóbal se puso en marcha el primer juicio por jurados en la historia de la provincia. El proceso no solo contó con la presencia de autoridades provinciales, sino que abrió el debate sobre la posibilidad de ampliar esta modalidad a otros delitos más allá de los contemplados en la normativa actual.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, aseguró que el Poder Ejecutivo está dispuesto a evaluar una eventual extensión de la competencia de la ley 14.253, que actualmente habilita juicios por jurados solo para casos de homicidio calificado, abuso sexual seguido de muerte, robo seguido de muerte y enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

“La provincia se pone en sintonía con otras jurisdicciones del país, comenzando por los casos más graves. El juicio por jurados fue un largo reclamo de diversos sectores y hoy lo estamos haciendo realidad”, destacó Cococcioni tras el acto de apertura del debate oral.

La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, remarcó la preparación previa que implicó este cambio: “Este paso representa un gran desafío y era lo que faltaba al sistema acusatorio adversarial”. En esa línea, el fiscal regional de San Cristóbal, Carlos Vottero, celebró la oportunidad de participar en este proceso histórico: “Es un hecho que nos involucra directamente y marca una nueva etapa en el funcionamiento de la justicia”.

Participación ciudadana y democratización de la justicia

El secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, subrayó el carácter transformador del nuevo modelo: “La implementación de los jurados populares es un avance en la participación democrática, donde la ciudadanía juzga a sus pares. Este primer llamado fue un paso trascendental hacia una justicia más cercana y participativa”.

El sistema santafesino se basa en la conformación de un jurado compuesto por 12 personas titulares y 2 suplentes, seleccionadas por sorteo del padrón electoral. Los ciudadanos elegidos no deben tener formación jurídica ni vínculos con el Poder Judicial o las fuerzas de seguridad, y cuentan con garantías laborales, viáticos y una remuneración diaria durante el proceso.

Una vez que el jurado alcanza un veredicto, el juez técnico a cargo del debate se encarga de dictar la pena en caso de culpabilidad. Este modelo ya está en marcha en San Cristóbal y Rafaela, y se espera que en breve se implemente también en Reconquista y Venado Tuerto. Rosario y la capital provincial serán las últimas jurisdicciones en adoptar el sistema.