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ESCÀNDALO DE EXPLOTACIÒN SEXUAL EN URUGUAY, UN SENADOR FUE DESAFORADO POR PEDOFILIA

09/06/2023 - 12:25

ESCÀNDALO DE EXPLOTACIÒN SEXUAL EN URUGUAY, UN SENADOR FUE DESAFORADO POR PEDOFILIA

Uruguay se encuentra conmocionado por un escándalo que involucra al senador oficialista Gustavo Penadés, quien ha sido acusado de explotación sexual de menores. Las acusaciones surgieron después de un tuit de Romina Celeste Papasso, una militante trans del mismo partido político que Penadés.

En marzo, Papasso publicó en las redes sociales un mensaje en el que anunciaba que revelaría información sobre un pedófilo que había estado involucrado en la política durante 30 años. Aunque no mencionó directamente a Penadés en ese momento, posteriormente lo identificó públicamente y afirmó que él fue el primer hombre que le pagó por sexo cuando tenía tan solo 13 años, antes de comenzar su transición de género.

El senador Penadés, de 57 años, ha rechazado de inmediato las acusaciones y ha negado haber cometido cualquier delito. Ha mantenido su inocencia y ha declarado que las acusaciones en su contra son falsas.

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, ha manifestado su respaldo a Penadés, afirmando que le cree y que lo considera un amigo de hace tres décadas, ya que ambos son miembros del Partido Nacional de centroderecha. Sin embargo, Lacalle Pou también ha dejado claro que el caso debe ser investigado de manera exhaustiva y que se debe llegar a la verdad.

Este escándalo ha generado una gran conmoción en Uruguay, ya que implica a un importante representante político y pone de manifiesto la problemática de la explotación sexual de menores en el país. La gravedad de las acusaciones ha llevado al desafuero de Penadés, lo que significa que se le ha retirado su inmunidad parlamentaria para poder enfrentar las investigaciones y procesos legales correspondientes.

El caso ha generado un debate público en Uruguay sobre la protección de los derechos de los menores y la necesidad de abordar de manera efectiva la explotación sexual infantil. Las autoridades uruguayas deberán llevar a cabo una investigación exhaustiva y garantizar un proceso legal justo para todas las partes involucradas, buscando esclarecer la verdad y establecer la responsabilidad de los implicados.

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