Escuelas de Santa Fe en alerta: más de 10 casos en análisis y creciente preocupación

La preocupación por la seguridad escolar crece en Rafaela tras una serie de episodios recientes que encendieron las alarmas. En pocos días, se registraron hechos concretos dentro de instituciones educativas: un menor ingresó con una réplica de arma de aire comprimido a la Escuela Alberdi, mientras que en la Escuela Malvinas Argentinas un joven de 19 años fue detenido por llevar una picana eléctrica.

Estos casos no son aislados. Desde el Ministerio de Educación de Santa Fe confirmaron que hay más de 10 situaciones en análisis, vinculadas a conflictos, amenazas o hechos de violencia en el ámbito escolar.

“La escuela sola no puede”

Frente a este escenario, la secretaria de Gestión Territorial, Daiana Gallo Ambrosis, fue contundente: “La escuela sola no puede”, y remarcó la necesidad de un compromiso activo de las familias para abordar estas problemáticas.

En la misma línea, María Laura López, delegada de la Regional III, explicó que el enfoque está puesto en la prevención y el acompañamiento, mediante espacios de escucha que permitan intervenir antes de que los conflictos escalen.

Además, dejó en claro que la estrategia no apunta a sanciones extremas: “No se busca la expulsión, sino la reinserción y el acompañamiento de los الطلاب”.

Seguridad sin vulnerar derechos

Uno de los puntos más sensibles del debate es cómo garantizar la seguridad. Desde Educación descartaron medidas como revisar mochilas o realizar requisas, al considerar que “no se pueden vulnerar derechos”.

Tampoco se evalúa la presencia policial permanente en las escuelas. “No queremos que sea natural que haya policías dentro de las instituciones”, señalaron.

Impacto en las familias

El clima de tensión ya tiene consecuencias: muchas familias optaron por no enviar a sus hijos a clases por temor. Sin embargo, desde el Ministerio insistieron en que las escuelas siguen siendo el lugar más seguro para los estudiantes.

Mientras tanto, las autoridades remarcan que la información oficial se canaliza a través de cada institución, con el objetivo de proteger a los menores y evitar la difusión de datos sensibles en un contexto cada vez más delicado.