GOBIERNO NACIONAL ANUNCIA EL CIERRE DE 81 CENTROS DE ACCESO A LA JUSTICIA: UN GOLPE A LOS MÁS VULNERABLES CON IMPACTO EN SANTA FE

En medio de un fuerte ajuste económico encabezado por Javier Milei, el Gobierno ha anunciado el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), dejando a miles de personas de bajos recursos sin acceso a servicios legales gratuitos. Esta decisión ha generado una ola de críticas y preocupación entre organizaciones de derechos y trabajadores del sector.

Justificación Oficial y Críticas a la Medida

El Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cuneo Libarona, justificó el cierre de los CAJ argumentando que estos espacios "brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias". Según el comunicado oficial, los CAJ acumulaban empleados de gestiones anteriores sin demostrar resultados concretos, duplicando funciones y generando un gasto anual de más de $8 mil millones. "Este Gobierno cuida el dinero de los contribuyentes", afirmaron las autoridades ministeriales.

Sin embargo, desde la Asociación de Empleados del Estado (ATE) han advertido que esta medida implica el despido de 400 trabajadores y representa un proceso de "reorganización y vaciamiento". Silvina Silva, trabajadora del CAJ Padre Bachi de La Matanza y delegada en la Secretaría de Justicia, expresó que la clausura de los CAJ significará el cierre de espacios que realizan un abordaje integral de problemáticas jurídico-psicosociales en barrios vulnerables.

Impacto en las Comunidades Vulnerables

Los CAJ, integrados por equipos interdisciplinarios de abogados, psicólogos, trabajadores sociales, mediadores comunitarios y personal administrativo, han sido una herramienta esencial para garantizar el acceso a la justicia en las comunidades más desfavorecidas del país. Estos centros no solo ofrecen asistencia legal, sino que también brindan apoyo psicológico y social, abordando problemáticas complejas que afectan a los sectores más vulnerables de la población.

Con el cierre de 81 de los 105 CAJ existentes, la disponibilidad de estos servicios se reducirá drásticamente. A nivel nacional, solo quedarán 24 centros operativos, lo que representa un promedio de uno por provincia. Esta reducción significa que muchas personas en necesidad de asistencia legal gratuita tendrán que recorrer largas distancias para acceder a estos servicios, si es que logran hacerlo.