GOLPE A LOS JUBILADOS: EL AUMENTO SERÁ INFERIOR AL ANUNCIADO POR CAPUTO

El Gobierno de Argentina ha establecido un nuevo aumento de la movilidad jubilatoria del 27,18% a partir de marzo, un porcentaje que resulta ser inferior al 30% previamente anunciado por el Ministro de Economía, Luis Caputo, a principios de semana. Este ajuste afecta no solo a las jubilaciones, sino también a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La medida fue oficializada a través de la Resolución 38/2024, publicada en el Boletín Oficial, aunque no proporciona detalles sobre cómo quedarán establecidos los montos de las jubilaciones mínimas y máximas a partir del 1 de marzo. Asimismo, se omite información sobre el bono para jubilados que, según menciones previas del ministro Caputo, acompañaría al aumento de la movilidad.

A pesar de la falta de detalles específicos en la publicación oficial, con el incremento anunciado del 27,18%, se puede estimar que la jubilación mínima se situará en $134.445,79. Este aumento se inscribe dentro de las medidas del Gobierno para ajustar los beneficios sociales en línea con las variaciones de la economía, buscando ofrecer un alivio a los sectores más vulnerables frente a la inflación y otros desafíos económicos.

La actualización de las jubilaciones y asignaciones por la Anses es un proceso que se lleva a cabo periódicamente, basado en una fórmula de movilidad que considera variables como la recaudación tributaria y el crecimiento de los salarios. Sin embargo, el aumento actual ha generado comentarios debido a la diferencia entre lo anunciado previamente y el porcentaje oficializado.

Este ajuste llega en un momento en que la economía argentina enfrenta múltiples desafíos, incluyendo una alta inflación, lo que aumenta la presión sobre los ingresos de los jubilados y beneficiarios de asignaciones. La medida busca equilibrar la necesidad de mantener la sustentabilidad financiera del sistema de seguridad social con la de proteger el poder adquisitivo de sus beneficiarios.