EL GOBIERNO PONE FIN A LOS SUBSIDIOS PARA LA INDUSTRIA, PYMES Y COMERCIO

El gobierno ha anunciado una importante reforma en la política de subsidios energéticos, poniendo fin a la ayuda económica para empresas y concentrándose exclusivamente en el apoyo a familias vulnerables. Esta decisión, revelada durante la última audiencia pública por funcionarios del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía, marca un giro significativo en la estrategia de subsidios a la energía, orientándose hacia un esquema de subsidios a la demanda.

Salvador Gil, destacado funcionario de la Secretaría de Energía, detalló que el nuevo esquema excluye cualquier forma de subsidio a las actividades productivas, argumentando que no sería coherente mantener subsidios energéticos mientras se liberan los precios del sector. El enfoque ahora estará en "subvencionar necesidades humanas básicas y solo cuando sea necesario", a través de transferencias directas o descuentos en la factura de los consumidores finales.

La introducción de la canasta básica energética (CBE) es parte central de esta reforma, buscando asegurar que el apoyo estatal llegue directamente a aquellos en situación de vulnerabilidad, en lugar de dispersarse en ayudas generales que no distinguen entre diferentes niveles de necesidad o capacidad económica.

Martín Vauthier, asesor económico, subrayó la necesidad de este cambio ante un contexto de recursos limitados, eliminando los subsidios a la demanda no residencial, como aquellos destinados a procesos productivos. Este enfoque permite, según Vauthier, una racionalización del consumo que no solo genera ahorros significativos para el país, sino que también asegura que el apoyo gubernamental se focalice en los sectores más necesitados de la sociedad.

El impacto de esta medida en la macroeconomía es notable. En 2023, el gasto en subsidios energéticos representó el 1,5% del PIB, cifra que destaca frente al déficit fiscal del país. Esta reestructuración de los subsidios busca un doble objetivo: mejorar la eficiencia del gasto público y dirigir el apoyo económico a quienes realmente lo necesitan, todo ello en un esfuerzo por balancear las finanzas nacionales y promover un consumo energético más responsable y sostenible.