Horror en San Cristóbal: la causa avanza bajo estricta reserva y con foco en el agresor menor

La investigación por el tiroteo fatal ocurrido en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal avanza bajo un fuerte hermetismo judicial. La causa está en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la quinta circunscripción, con intervención de distintas áreas del gobierno provincial.

Durante una conferencia de prensa, autoridades confirmaron que rige una reserva estricta de las actuaciones, debido a que todos los involucrados son menores de edad, tanto el agresor como las víctimas.

Medidas en marcha y peritajes clave
El fiscal regional Carlos Vottero detalló que ya se desplegaron múltiples diligencias investigativas, con participación de peritos y personal de la PDI. Entre los pasos más importantes:

• Autopsia al adolescente de 13 años asesinado
• Entrevistas a estudiantes, docentes y testigos
• Toma de declaración a la madre del agresor, quien ya está en contacto con la Justicia

Estas acciones buscan reconstruir con precisión lo ocurrido dentro del establecimiento.

El agresor, bajo resguardo y con tratamiento
El atacante, de 15 años, fue trasladado a la ciudad de Santa Fe y permanece alojado en una institución especializada, ya que en San Cristóbal no existen dispositivos adecuados para menores en conflicto con la ley penal.

Además, se confirmó que el joven tenía antecedentes de episodios autolesivos y estaba bajo tratamiento psicológico, un dato clave que será considerado en el proceso.

Un proceso judicial distinto por su edad
Debido a su condición de menor, no enfrentará una pena tradicional, sino que la Justicia evaluará medidas “curativas, tutelares y de resguardo”. Esto responde a que aún no se aplica plenamente la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en todo el país.

En los próximos días, se realizará la audiencia de atribución de cargos, donde se formalizará la imputación y se definirán posibles medidas adicionales bajo supervisión judicial.

Intervención del Estado y medidas de seguridad
Los ministerios de Seguridad, Educación, Desarrollo Humano y la Secretaría de Niñez presentarán propuestas de medidas de protección, similares a otros casos recientes. Estas serán evaluadas por la Fiscalía y, de ser avaladas, por un juez penal.

Una comunidad que exige respuestas
Mientras avanza la causa, el impacto social sigue creciendo. La tragedia dejó al descubierto la falta de dispositivos de contención, el acceso a armas y la vulnerabilidad dentro de las escuelas.

San Cristóbal sigue conmocionada. La investigación busca respuestas, pero también abre un debate urgente sobre cómo prevenir que un hecho así vuelva a repetirse.