Primera familia se niega a pagar multa por amenazas escolares

La polémica decisión del Gobierno de Santa Fe de aplicar multas millonarias a familias de menores involucrados en amenazas falsas en escuelas sumó su primer capítulo judicial. Una familia se negó a pagar más de $6 millones y presentó una impugnación formal, cuestionando la legalidad del cobro sin intervención de un juez.

El reclamo apunta directamente contra el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y podría sentar un precedente clave sobre el alcance de este tipo de sanciones.

El caso: un “desafío viral” y una sanción millonaria

El episodio se originó en la ciudad de Santa Fe, donde un alumno de entre 12 y 13 años habría participado en un “desafío viral” que derivó en la difusión de un mensaje intimidante.

Según la defensa, el hecho ocurrió fuera de la escuela, fue reconocido por el menor y abordado rápidamente por la familia y las autoridades educativas, sin mayores consecuencias.

“No es una amenaza en términos legales”

El abogado de la familia, Rodolfo Mingarini, fue contundente:
“No hubo una amenaza directa ni una situación de peligro real”, sostuvo.

Además, argumentó que el hecho no encuadra como delito de amenaza, ya que no existieron elementos clave como un daño concreto, una víctima determinada o un contexto real de coerción.

“Fue un papel encontrado en un estacionamiento, no dentro de la escuela”, remarcó.

El eje del conflicto: ¿puede el Estado cobrar sin un juez?

El punto central del planteo judicial es claro:
¿puede el Estado imponer y cobrar multas millonarias sin intervención judicial?

Desde la defensa sostienen que:

• La responsabilidad penal es intransferible, por lo que no puede recaer en los padres.
• La responsabilidad civil sí podría trasladarse, pero debe surgir de una sentencia judicial previa.

“El poder administrador no puede decidir unilateralmente que alguien debe pagar millones. Eso debe determinarlo un juez”, afirmó Mingarini.

Montos sin explicación y plazos cuestionados

Otro de los puntos críticos es el monto de la multa. Según el abogado:
“No hay desglose ni explicación de los costos. Es una cifra arbitraria”.

En el caso concreto, solo intervino un patrullero, lo que pone en duda cómo se llegó a una suma superior a los $6 millones.

Además, la familia recibió una notificación con un plazo de apenas cinco días para pagar, sin detalles claros sobre el procedimiento ni vías de descargo, lo que también fue impugnado.

Una medida en medio de un fenómeno creciente

La política del gobierno provincial surge en un contexto de aumento de amenazas falsas en escuelas, muchas vinculadas a bromas o desafíos virales, pero que generan alarma social y despliegues policiales costosos.

Desde el Ejecutivo sostienen que las multas buscan:

• Desalentar estas conductas
• Recuperar los costos operativos de los procedimientos de seguridad

Sin embargo, especialistas advierten que la medida podría derivar en una ola de judicialización y abrir un debate sobre su legalidad y proporcionalidad.

Un caso que puede marcar el rumbo

Este es el primer planteo formal contra las multas, pero no sería el único. Otros casos ya están en análisis y podrían seguir el mismo camino.

Lo que está en juego no es solo una sanción económica:
la Justicia deberá definir si el Estado puede aplicar este tipo de multas sin control judicial, una decisión que podría impactar en toda la provincia y marcar un precedente a nivel nacional.