Reforma en discapacidad: el Gobierno disuelve la ANDIS ¿Qué pasará con las pensiones?

El Gobierno nacional anunció que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de existir como organismo autónomo y pasará a funcionar como una secretaría dentro del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones. La medida fue comunicada este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Según explicó el funcionario, la decisión forma parte del proceso de reorganización del Estado y no implicará recortes en las pensiones por discapacidad. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, afirmó Adorni, quien buscó llevar tranquilidad ante la preocupación que el anuncio generó en sectores vinculados a la discapacidad.

El nuevo esquema institucional contempla que la actual conducción continúe al frente del área: Alejandro Vilches, interventor de la ANDIS, será designado como secretario de Discapacidad dentro de la estructura del Ministerio de Salud. De este modo, el Gobierno busca garantizar una transición administrativa sin interrupciones en la gestión de prestaciones y programas.

Sin embargo, el anuncio abre interrogantes. Organizaciones sociales y especialistas advierten que la pérdida de rango institucional podría traducirse en una menor capacidad de incidencia política y presupuestaria para el área. La ANDIS había sido creada con el objetivo de centralizar políticas públicas específicas y dar visibilidad a las demandas de las personas con discapacidad, un colectivo históricamente relegado en la agenda estatal.

Desde el Ejecutivo sostienen que la absorción permitirá “optimizar recursos” y mejorar la coordinación con el sistema de salud. No obstante, en un contexto de ajuste del gasto público y fuerte revisión de programas sociales, la garantía de que no habrá recortes en las pensiones será puesta a prueba en la práctica.

La reconfiguración de la ANDIS se suma a una serie de reformas impulsadas por el Gobierno en distintos organismos del Estado. Mientras tanto, el desafío será que el cambio no quede reducido a una modificación administrativa y que las políticas de discapacidad no pierdan jerarquía, financiamiento ni capacidad de respuesta frente a una población que depende, en gran medida, del acompañamiento estatal.