Rosario no está más segura: solo cambió la forma de la violencia

La violencia narco en Rosario cambió de forma, pero no de fondo. Los números oficiales muestran una baja significativa de homicidios —104 asesinatos en los últimos once meses, contra 260 en 2023— y permiten proyectar que la tasa de 2025 será aproximadamente la mitad de la registrada en los años más críticos. Sin embargo, leer esa caída como una victoria definitiva sería, cuanto menos, apresurado.

Lo que se reconfiguró no fue la economía del narcotráfico, sino su modo de ejercer el control. La etapa más extrema, marcada por el “modelo de exterminio” que impuso Los Monos desde 2012, dejó 2.547 muertos en más de una década y consolidó una lógica de dominio territorial basada en la violencia explícita, las balaceras y el terror cotidiano. Esa fase parece haber perdido centralidad, pero no porque el negocio haya retrocedido, sino porque mutó.

El narcomenudeo sigue siendo el eje de una economía criminal sólida, capaz de sostener redes de lavado de activos, inversiones y vínculos que rara vez ocupan el centro de la agenda judicial. El foco continúa puesto en el delito visible —el sicario, el gatillero, la balacera— mientras las estructuras financieras que sostienen el negocio permanecen, en gran medida, intactas.

Diciembre volvió a encender alarmas. El incremento de las balaceras, con episodios que impactan directamente sobre población ajena a los conflictos criminales, muestra que la violencia extrema no desapareció: se dosificó. El caso de la nena de 7 años herida en Empalme Graneros es un recordatorio brutal de que el control territorial sigue disputándose a tiros, aun cuando el conteo de muertos sea menor.

Las armas de fuego continúan siendo el denominador común. Según el Observatorio de Seguridad Pública, el 79,8% de los homicidios registrados en noviembre de 2025 se cometieron con armas de fuego. Pero hay un dato aún más inquietante: la violencia armada excede largamente a los asesinatos consumados. En lo que va del año, Rosario acumuló 363 personas heridas por disparos. Solo en noviembre hubo 41 heridos, uno de los picos más altos del año. Menos muertos no significa menos violencia: significa más sobrevivientes de una ciudad permanentemente expuesta al plomo.

El propio Estado reconoce que el 56,7% de los homicidios ocurre en contextos ligados a economías ilegales u organizaciones criminales. Es decir, el núcleo del problema sigue intacto. Los conflictos interpersonales explican un cuarto de los casos y los robos apenas un porcentaje marginal. La violencia que define a Rosario no es azarosa: es estructural y está directamente asociada a un mercado ilegal que sigue funcionando.

La pregunta clave no es si bajaron los homicidios, sino a qué costo y por cuánto tiempo. La reducción de la letalidad puede responder a un reordenamiento del negocio, a acuerdos tácitos o a una administración más “eficiente” de la violencia. Nada de eso implica mayor seguridad para la población.

Mientras la estrategia siga concentrada en contener el estallido y no en desarmar la economía criminal que lo produce, Rosario seguirá atrapada en un equilibrio frágil: menos muertos en las estadísticas, pero la misma amenaza latente en las calles. La violencia no está controlada; simplemente aprendió a no hacer tanto ruido.