5 PROVINCIAS PUEDEN CUMPLIR CON LOS 190 DÍAS DE CLASES, EN QUE SITUACIÓN ESTA SANTA FE

El panorama educativo en Argentina enfrenta un momento crítico al inicio del ciclo lectivo 2024, con un conflicto salarial que amenaza el normal inicio de clases en gran parte del país. La controversia se centra en la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), junto con otros beneficios que tradicionalmente han apoyado a los gobiernos provinciales en el manejo de los sueldos docentes. Este escenario ha generado incertidumbre sobre el comienzo del año escolar, agravado por la dificultad de algunas provincias para cumplir con el calendario escolar propuesto.

En un contexto donde la regularidad del ciclo educativo ya se ve comprometida, un reporte del Observatorio de Argentinos por la Educación arroja algo de luz sobre el estado de la planificación escolar a nivel nacional. De acuerdo con su informe sobre los Calendarios escolares 2024, únicamente cinco distritos se destacan por su compromiso de superar la meta de 190 días de clases para el nivel primario. Estas provincias son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Salta, las cuales se disponen a exceder el promedio nacional de 187 días de clases programados, un indicador de su esfuerzo por garantizar una educación continua y estable.

La situación se torna especialmente relevante en un año marcado por desafíos económicos y sociales, donde la educación emerge como un pilar fundamental para el desarrollo y estabilidad futura del país. La eliminación del FONID ha sido el detonante de una serie de reclamos por parte de los gremios docentes, quienes ven comprometida la estructura salarial del sector y, por ende, la calidad educativa que pueden ofrecer.

Ante este escenario, el Poder Ejecutivo ha convocado a una reunión crucial con las provincias y los representantes gremiales, buscando desbloquear el impasse y asegurar el inicio del ciclo lectivo. Esta medida se interpreta como un paso hacia la reconciliación de intereses entre los docentes, las autoridades provinciales y el gobierno nacional, con el objetivo último de priorizar el derecho a la educación de los estudiantes argentinos.