COMISARIOS QUE AYUDAN A PRESOS NARCOS, CORRUPCIÓN POLICIAL SIN LÍMITES EN SANTA FE

En un episodio que destapa una vez más la corrupción en las fuerzas de seguridad, la delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina (PFA) se encuentra en el ojo de la tormenta. El centro de este escándalo es Juan Ignacio Suris, apodado “el tercer comandante” o “el inquilino”, un preso que, según investigaciones, logró convertir su detención en una estadía de privilegios inusuales, gracias a la complicidad de altos mandos de la comisaría.

La Fiscalía Federal Nº 2 de Santa Fe, tras una denuncia anónima y una subsiguiente investigación, puso al descubierto prácticas que parecen sacadas de una trama de corrupción bien guionada, pero que lamentablemente son una realidad en la dependencia de calle San Martín 3381. Este miércoles, un allanamiento llevado a cabo por Gendarmería Nacional ha sacado a la luz una trama de favores y corrupción que involucra al subcomisario Leandro Benítez, de 45 años, quien ahora enfrenta serios cargos ante la justicia federal.

Según los fiscales federales Walter Rodríguez y Milagros Traverso, Benítez habría brindado un trato preferencial a Suris, facilitándole información sobre operativos y recibiendo grandes sumas de dinero a cambio. Este intercambio de favores elevó la calidad de vida de Suris dentro de la detención a niveles que rompen con cualquier protocolo de encarcelamiento: pedidos de comida por delivery, asados organizados dentro de la comisaría y un uso personalizado de las instalaciones y el personal.

La situación alcanzó tal grado de desfachatez que Suris era visto como un verdadero “inquilino” de la comisaría, disponiendo de las instalaciones y del personal a su antojo. Este caso no solo pone en evidencia la corrupción sistémica que puede corroer a las instituciones desde dentro sino que también deja en claro la vulnerabilidad de nuestro sistema de seguridad frente a la influencia del poder y el dinero.

Este escándalo en la delegación Santa Fe de la PFA es un recordatorio alarmante de que la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad es constante y necesaria. La sociedad demanda transparencia, integridad y justicia en todas las esferas del Estado, más aún en aquellos sectores encargados de garantizar la seguridad y el orden público.

A medida que la justicia avanza en este caso, queda en evidencia la urgente necesidad de implementar medidas más rigurosas para la supervisión y control de las instituciones de seguridad. Es imperativo asegurar que incidentes de esta naturaleza no queden impunes y que se tomen las acciones necesarias para prevenir su repetición en el futuro.

El caso de la comisaría VIP en Santa Fe no es solo un llamado de atención sobre la corrupción policial; es un grito de auxilio de un sistema que requiere reformas profundas para restaurar la confianza de la ciudadanía en sus fuerzas de seguridad. La comunidad espera que este caso sea el catalizador para un cambio significativo y duradero que asegure la integridad y la transparencia en el corazón de nuestras instituciones.