MILEI MILITARIZA FÁBRICA DE ARMAS EN SANTA FE ANTE AMENAZA NARCO

En una decisión sin precedentes, el presidente Javier Milei ha declarado "zona militar" el predio de la Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán" en Santa Fe. Esta medida, publicada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 350/2024, busca reforzar la seguridad del establecimiento en respuesta a los recientes intentos de robos asociados a bandas narcotraficantes. La fábrica, situada en la localidad de San Lorenzo y a poca distancia de la conflictiva ciudad de Rosario, es un centro neurálgico de producción de armamento y municiones para las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Argentina.

La determinación presidencial responde a la alarmante situación de inseguridad que azota a Rosario y sus alrededores, una realidad que ha escalado hasta niveles críticos en los últimos meses. "Es de público conocimiento la situación de inseguridad por la que atraviesa la Ciudad de Rosario y las localidades adyacentes", menciona el decreto, subrayando la urgencia de adoptar medidas adicionales para la protección de infraestructuras críticas del Estado.

Según el texto del DNU, la declaración como "zona militar" permitirá a las Fuerzas Armadas argentinas tomar control del diseño y operación de sistemas de seguridad específicos para este tipo de instalaciones estratégicas. "La Fábrica Militar ´Fray Luis Beltrán´ constituye un objeto de valor estratégico, dado que su destrucción o posible daño afecta a la seguridad del Estado", explica el documento, justificando la necesidad de una vigilancia y defensa mejoradas.

Este enclave industrial, con una larga historia que se remonta a 1926 y que incluye dependencias de Artillería y Armas Portátiles, se verá ahora custodiado bajo un régimen de seguridad reforzado, en un esfuerzo por prevenir ataques y proteger la integridad de sus operaciones críticas.

Esta medida ha suscitado diversas reacciones entre la población y expertos en seguridad, quienes discuten la implicancia de militarizar zonas civiles y las consecuencias potenciales para los derechos y libertades de los ciudadanos en áreas cercanas. Mientras tanto, el gobierno asegura que esta es una acción necesaria para contrarrestar la amenaza creciente del crimen organizado y garantizar la seguridad nacional.