Una ley aprobada en diciembre en Santa Fe generó controversia debido a la decisión del gobierno provincial de implementar uniformes diferenciados para las personas privadas de la libertad. El artículo 24 de la legislación establece un código de vestimenta que, en algunos casos, incluye el uso de ropa específica.
El texto indica que la reglamentación determinará en qué casos será obligatorio el uso de uniformes, permitiendo la asignación de uniformes diferenciados según la situación legal, el nivel de seguridad, la zona de circulación asignada o las tareas que desempeñe el interno.
El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, confirmó la implementación de esta normativa para los 9.000 detenidos en las unidades penales de Santa Fe. Explicó que la medida es parte de una transformación en las condiciones de detención con herramientas de control más efectivas. Según Cococcioni, la ley permitirá que los presos utilicen uniformes de color diferenciado según su sector, trabajo, nivel de peligrosidad y tipo de delito, facilitando así la visualización y control.
La medida ha generado críticas por parte de organismos de derechos humanos y expertos en derecho penal. Aunque la ley aún no ha sido reglamentada, la decisión de implementar uniformes diferenciados ha suscitado preocupaciones sobre posibles estigmatizaciones y discriminaciones dentro del sistema penitenciario.
