El oficialismo negocia con Santa Fe y Córdoba los votos que definen la ley de discapacidad y endeudamiento

El arranque del debate en la Cámara de Diputados funcionó como una señal de La Libertad Avanza (LLA) hacia las provincias productoras. La lista abarca a Salta, Jujuy y Tucumán, territorios con participación en el mercado del bioetanol y con votos que resultan determinantes en la Cámara baja. Sus legisladores fueron clave el jueves pasado para evitar el quórum y frenar el tratamiento del DNU 70/23.

Inviolabilidad de la propiedad privada, el primer tema

La sesión del miércoles comenzará a las 12 con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que incorporó como último agregado la versión aprobada en el Senado: la reincorporación de la ley de tierras de 2011, derogada en el DNU 70/23.

El paso por la cámara alta dejó apenas tres capítulos de la versión original: las restricciones a las expropiaciones (que deben hacerse a valor real y con lucro cesante), los juicios sumarísimos por desalojos y la modernización del Registro de la Propiedad.

Armar una mayoría no representa mayores obstáculos para LLA. Para todos los temas contará con una base de propios y aliados cercana a 120 legisladores (UCR, PRO, MID y partidos provinciales afines), nueve menos que el quórum.

En el resguardo de la propiedad privada podría sumar el respaldo de los nueve votos de Argentina Federal (AF), que reúne a diputados de Salta y Misiones; Tucumán (tres), la dupla santafesina de Gisela Scaglia y José Núñez y una parte de los cordobeses.

El temario continúa con el proyecto sobre trazabilidad de alto riesgo. La libertaria Silvana Giudici tiene consenso para aprobarlo casi por unanimidad. Se trata de un control de la ruta de sustancias como el fentanilo, el opioide que provocó muertes en el país el año pasado por el consumo de dosis contaminadas.

También hay mayoría para enviar al Senado el aumento de penas por vandalismo rural, una iniciativa impulsada por el PRO. La sesión seguirá con la transferencia a la provincia de Chaco del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras.

Discapacidad: el dictamen que sorprendió

Los debates sobre discapacidad y endeudamiento familiar quedaron ubicados al final de la sesión. Si el oficialismo abandona sus bancas podría frustrar la sesión, aunque no es la opción que privilegian los referentes de LLA. "Si sumamos a PU y a los partidos provinciales llegamos a una mayoría", confían en el oficialismo.

En discapacidad, el bloque libertario sorprendió hace un mes con un dictamen que ratifica el sistema de prestaciones básicas vigente desde hace tres décadas y su indexación por inflación, establecida hace un año con la ley de emergencia. Se trata de un contenido opuesto al proyecto que Javier Milei envió al Senado en abril y replicó en uno de los capítulos del Presupuesto 2027.

El despacho del oficialismo mantiene las pensiones a personas con discapacidad en los montos actuales: 70% de la jubilación mínima. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sólo tendrá un impacto fiscal de 0.04% y puede pagarse con partidas del presupuesto ya asignadas.

En Unión por la Patria (UP) sostienen que hay una redacción tramposa para no otorgar beneficios, mediante auditorías cruzadas y análisis socioeconómicos que quedan a discreción del Poder Ejecutivo.

Otra queja de la oposición pasa por la compensación que se adeuda a los prestadores de discapacidad por los retrasos de 2024. Está contemplada en la ley de emergencia y nunca se pagó. El peronismo firmó un dictamen para prorrogar un año la emergencia, pero no reunió mayoría. AF decidió suscribir con el Gobierno, porque sus diputados consideraron que lo mejor es una ley permanente.

Si LLA consolida su alianza y suma los aliados que tuvo en el dictamen, está cerca de la mayoría para quedarse con el despacho de discapacidad. La negociación no es sencilla porque los colectivos del sector reclamaron cambios a los aliados del Gobierno. Como no los obtuvieron, exigen continuar con la emergencia. Algunos firmantes del proyecto, como AF y el MID, evalúan retacear su voto en el recinto. Los números finales no están claros.

Los principales pedidos de las organizaciones son garantizar la cobertura médica a los pensionados y establecer una fecha de pago para la compensación a prestadores. La definición de los diputados de bloques del medio, que por ahora no tienen postura tomada, sigue abierta. Son los de Tucumán, Neuquén, Córdoba y Santa Fe.

Estas dos últimas provincias integran el bloque PU, que tendrá una reunión el miércoles a las nueve de la mañana. Son 18 votos y el último jueves sólo diez ocuparon sus bancas para tratar el DNU 70/23.

Endeudamiento familiar, el cierre incierto

El debate sobre endeudamiento familiar también está abierto. Salta y Misiones volvieron a marcar la cancha, con un dictamen más ambicioso que el del peronismo. Las principales diferencias pasan por los plazos y los sujetos alcanzados por el plan de refinanciación.

La alianza UP-PU propone una emergencia por 180 días. Durante ese lapso se crea un plan para regularizar deudas a quienes "registren una mora igual o superior a 60 días en obligaciones derivadas de operaciones de crédito al consumo" y "destinen al pago de cuotas de operaciones de crédito al consumo un importe superior al treinta por ciento de los ingresos mensuales del grupo familiar conviviente".

El de AF es ambicioso: pide un plan para regularizar deudas por un año que incluya a quienes ganen hasta diez salarios mínimos. LLA va por otro carril: propuso en su dictamen educación financiera en los colegios y un proceso de consentimiento digital e informado, para que los deudores tengan información fidedigna.

El concepto del oficialismo es que el aumento de las deudas familiares se explica por la falta de información de la población y los excesos de las entidades financieras. Las acusan de presupuestar ingresos por punitorios en sus balances. Es por eso que el despacho exige a los oferentes de créditos informar a los usuarios todos los detalles durante la presentación de sus productos.

Deberán explicar "la publicidad, etapa precontractual, contratación y vigencia de las operaciones de crédito de consumo, información cierta, clara, suficiente, accesible, oportuna y fácilmente comprensible". También el deudor debería acceder al riesgo crediticio accesible y transparente, derecho a la cancelación y trazabilidad de la deuda. Es el último tema de la sesión. El final es incierto.