Procesaron al ex titular de ARSAT por presunta corrupción: tenía USD 2,6 millones en efectivo en dos casas

El ex titular de ARSAT Facundo Leal acumulaba dólares en efectivo por 2,6 millones en dos viviendas, una en el barrio porteño de Palermo y otra en Mendoza, que fueron allanadas en el marco de la investigación por presunta corrupción en la empresa estatal de telecomunicaciones. El dato quedó reflejado en el procesamiento que se le dictó esta semana. El exfuncionario tenía a su cargo el proyecto para extender la banda ancha de Internet a todo el territorio nacional.

El juez federal Lino Mirabelli detalló en una resolución de 182 carillas que en el departamento del piso 16 de Ortiz de Ocampo al 2600, en la ciudad de Buenos Aires —donde vive Leal y donde cumple arresto domiciliario en otra causa por droga— se secuestraron U$S 813.754. En ese mismo lugar se hallaron estupefacientes, cinco celulares, dos notebooks, documentación vinculada a la licitación bajo investigación y efectivo en pesos argentinos, uruguayos, colombianos, reales brasileros, chelines tanzanos, mexicanos y euros.

En la otra vivienda allanada por orden de Mirabelli a pedido del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, también perteneciente a Leal y ubicada en Mendoza, se encontraron U$S 1.787.600 en efectivo. El total del dinero guardado en manos del entonces funcionario ascendía a USD 2.601.354.

Una investigación paralela por enriquecimiento ilícito

El origen de esos fondos es el eje de otra causa que se abrió en el juzgado de San Isidro por presunto enriquecimiento ilícito. En tanto, Leal quedó procesado por el supuesto cobro de sobornos para direccionar una licitación a favor de una empresa predeterminada, a la que se entregó la custodia de bienes estratégicos de ARSAT en un galpón de San Fernando. Esa situación derivó en robo y deterioro del material.

El proyecto Shelter 2 y las contrataciones bajo la lupa

La causa se enmarca en el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”, en el cual ARSAT tenía a su cargo el aprovechamiento de los recursos para el desarrollo, la implementación y la operación de la Red Federal de Fibra Óptica. En ese contexto se desarrolló el Proyecto Shelter 2, que preveía la distribución e instalación de 250 shelters en distintas regiones del país para garantizar la conexión a la Red que extiende la banda ancha de Internet en todo el territorio nacional.

El juez consideró necesario explicar ese marco para comprender lo ocurrido: la contratación de la empresa ALS para guardar parte de los shelters. A su vez, esa firma había alquilado poco antes el predio donde realizó esa tarea.

Entre diciembre de 2020 y el mismo mes de 2024, durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, el funcionario mendocino y otros tres procesados exintegrantes de ARSAT, entre ellos su entonces segundo Gerardo Boschin —también de esa provincia— “se interesaron, en razón de su cargo” en las contrataciones que ARSAT realizó “sobre los servicios que prestaría a ALS, incluyendo aquellos asignados al depósito de la localidad de San Fernando”.

En un “marco marginal” se extendieron 16 órdenes de compra autorizadas en todos los casos por Boschin, por las cuales ARSAT abonó un total de U$S 1.695.667,44 y $32.210.287,09. “Ello a fin de obtener un ilegítimo beneficio patrimonial propio, de la persona jurídica mencionada, sus directivos y socios de hecho”, remarcó la resolución judicial.

Con esas supuestas contrataciones direccionadas a favor de Argentina Logistic Services SA, los exfuncionarios acusados que tenían bajo su responsabilidad los bienes públicos de ARSAT “quebraron dolosamente su deber de fidelidad y custodia, disponiendo en forma abusiva de fondos públicos mediante la adjudicación, aprobación y sostenimiento de un procedimiento contractual amañado desde su origen”.

La firma estatal pagó un total de U$S 1.695.667,44 y $32.210.287,09 a ese proveedor seleccionado “por fuera de los canales oficiales habilitados” y que, al menos en lo atinente al espacio de guardado en el depósito de San Fernando, no cumplió con las condiciones mínimas de seguridad para preservar bienes estratégicos del Estado, circunstancia que derivó en su deterioro y en el robo que dio origen a la causa penal.

Fallas de seguridad y robos de cobre

Empleados de ARSAT declararon que las sustracciones de material de cobre valuado en miles de dólares se produjeron en shelters distribuidos en distintos espacios abiertos del predio donde existían aproximadamente cuatro cámaras. Ninguna funcionaba para grabar entre el 21 de diciembre de 2023 y el 4 de enero de 2024, cuando ocurrieron los robos.

El proveedor informó que debido a fallas en el equipo no se había logrado almacenar las grabaciones para el período de interés. Un testigo de esa firma declaró que a ALS se le vendieron e instalaron 25 cámaras (tres afuera y el resto dentro del depósito) y un receptor que grababa todas las imágenes. Aclaró que no quiso contratar el servicio de mantenimiento que incluía el seguimiento de las cámaras.

“A mi me consta que nadie les daba seguimiento a las cámaras”, declaró, y dijo que no se instalaron en ninguna PC o monitor. “Fue una instalación barata”.

El predio tenía un cerco perimetral electrificado, ubicado por arriba de los paredones, pero se encontraba “en desuso y cortado por tramos”. En cuanto a la seguridad, una cooperativa informó que se les contrató un guardia por turno para el acceso principal. Estos vigiladores declararon que las puertas de los shelters se abrían a veces por el viento.

Un técnico de ARSAT declaró que el galpón de ALS no era un lugar “adecuado”. Los equipos “fueron trasladados a San Fernando porque se suponía que iban a estar mejor... Esto no es así”. Los shelters no se colocaron contra el piso sino sobre tacos de madera y no se podía cerrar las puertas con llave por el desnivel que había. A veces quedaban con las puertas trabadas. Tampoco estaban energizados y eso impedía que ARSAT los monitoreara.

“Ha quedado en evidencia que esa selección de ALS por parte de los funcionarios de ARSAT se hizo con total desinterés acerca de si el proveedor podría suministrar adecuadamente los servicios contratados” y se basó en “negociaciones marginales” entre funcionarios públicos y particulares “mediante el pago de ‘coimas’”, concluyó el procesamiento que ahora será revisado por la Cámara Federal de San Martín.