EMPLEADOS PÚBLICOS A PRUEBA, COMIENZAN LOS EXÁMENES EN EL ESTADO

En una medida que busca garantizar la idoneidad y la eficiencia del empleo estatal, el Gobierno nacional comenzará la próxima semana con la implementación de exámenes obligatorios para unos 40.000 trabajadores del sector público. La iniciativa, según explicaron fuentes oficiales a Ámbito, no busca ser un filtro, sino un requisito que deberán cumplir los empleados, especialmente aquellos con contratos transitorios, contratados y monotributistas (Categoría 1109).

El examen y su alcance

Los exámenes se centrarán en evaluar la comprensión lectora, el razonamiento lógico-matemático y, en el caso de los profesionales, el conocimiento de normativas y procedimientos de la administración pública, como la Constitución Nacional y la Ley de Ética Pública. La estructura de la evaluación varía según el perfil del empleado, diferenciando entre administrativos y profesionales.

Cada empleado dispondrá de una hora para resolver entre 20 y 24 preguntas en un formato digital. Los resultados, que serán entregados inmediatamente al finalizar la prueba, indicarán si el empleado aprobó o no, sin que estos datos sean públicos ni utilizados para rankings.

Aquellos que no logren aprobar en la primera oportunidad tendrán hasta dos intentos adicionales, y se está evaluando la posibilidad de extender los contratos por un par de meses para quienes requieran más tiempo.

Un cambio en el ingreso al empleo público

La obligatoriedad de este examen no se limitará a los empleados actuales. A partir de ahora, quienes deseen ingresar a la administración pública nacional deberán aprobar esta evaluación y presentar un certificado de antecedentes penales.

Hacia un Estado más eficiente

Esta medida forma parte de un plan más amplio del Gobierno para optimizar el tamaño y la eficiencia del Estado, según lo detallaron fuentes oficiales. Durante la actual gestión, se redujo el número de ministerios de 18 a 8 y el número de autoridades superiores en un 33%. También se cerraron más de 250 áreas estatales, y se proyecta que esta cifra podría alcanzar las 400.

Desde diciembre del año pasado, el número de empleados públicos se redujo en más de 30.000, lo que representa un 7,8%, descontando a las fuerzas de seguridad. En paralelo, se analiza la continuidad de más de 100 organismos descentralizados, con la posibilidad de cerrar o fusionar aquellos que han perdido su razón de ser.

El desafío de la modernización estatal

Con un gasto público que representa el 43% del PBI, frente al 32% de los años 90, y un aumento del empleo estatal del 50% en las últimas décadas, el Gobierno apunta a redefinir el concepto de "servidor público". Según fuentes oficiales, el objetivo es reducir la estructura estatal, hacerlo más eficiente y mejorar la calidad de los servicios en áreas críticas como educación, salud y seguridad.

El inicio de estas evaluaciones marca un hito en el proceso de modernización y profesionalización del Estado, generando inquietudes entre los empleados, pero con la promesa de un sistema público más ágil y eficaz.