FRACASO LA REUNIÓN PARA MEJORAR EL SALARIO MÍNIMO VITAL Y MOVIL, CGT CULPA AL GOBIERNO

La última reunión convocada para definir un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil concluyó sin llegar a un acuerdo, desencadenando tensiones y acusaciones cruzadas entre los representantes de los trabajadores y el Gobierno. La Central General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) apuntaron al Gobierno por el fracaso de las negociaciones, acusándolo de alinearse con las posturas de los empresarios, quienes, según los gremios, no presentaron ninguna propuesta para incrementar los ingresos de los trabajadores.

La reunión, que se llevó a cabo de manera virtual por primera vez, fue el escenario de intensas discusiones. Los sindicatos propusieron un aumento del 85% en el salario mínimo, lo que elevaría la cifra a $288.600 a partir de febrero. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada tanto por los empresarios, liderados por la Unión Industrial Argentina, como por el Gobierno, quien según la CGT, respaldó la posición de los empleadores.

"El Gobierno evitó por todos los medios posibles que la reunión se desarrollara con normalidad", denunció la CGT a través de un comunicado, en el que también criticaron la postura pasiva de los empresarios durante el encuentro. La central sindical también expresó su descontento con la actuación gubernamental ante la situación económica actual, caracterizada por una inflación elevada y aumentos de precios considerados "intolerables e injustificables".

Ante el estancamiento en las negociaciones, surge la posibilidad de que el ajuste al Salario Mínimo, Vital y Móvil se realice por decreto, una medida que, de concretarse, podría generar más fricciones entre el Gobierno y los sindicatos. La falta de acuerdo pone de manifiesto las profundas diferencias entre las partes y el desafío que representa encontrar un equilibrio entre las demandas laborales y las posibilidades económicas en un contexto de crisis.

Esta situación no solo refleja las tensiones existentes en el ámbito laboral y empresarial, sino que también subraya la urgencia de adoptar medidas efectivas para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores argentinos, quienes se ven cada vez más afectados por la escalada inflacionaria. La resolución de este conflicto será clave para determinar el rumbo de las políticas salariales y laborales en el país en el corto plazo.