Inocencia fiscal: el Senado aprobó una reforma clave que cambia la relación entre el Estado y los contribuyentes

En el marco del debate por el Presupuesto 2026, el Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, una de las piezas centrales del paquete de reformas tributarias impulsado por el Gobierno. Con el acompañamiento de bloques provinciales, la UCR, el PRO y tres senadores peronistas, La Libertad Avanza logró sancionar la denominada “ley de leyes” tras casi ocho horas de debate en la Cámara alta.

La iniciativa fue aprobada por 43 votos a favor y 26 en contra. Hubo tres ausencias dentro del peronismo —Guillermo Andrada (Catamarca), Sergio Uñac (La Rioja) y Alejandra Vigo (Córdoba)—, aunque el resto del bloque justicialista votó en contra de manera unificada. Sin embargo, el respaldo del oficialismo y sus aliados resultó suficiente para convertir el proyecto en ley.

La norma introduce un cambio profundo en el vínculo entre el fisco y los contribuyentes, con impacto directo en el régimen penal tributario, el Impuesto a las Ganancias, las multas, las moratorias y, de manera indirecta, en el uso de los denominados “dólares del colchón”.

Aunque el texto no establece un blanqueo de capitales formal, sí redefine los criterios de control y sanción del Estado. En ese sentido, limita el accionar penal en casos de evasión de menor cuantía y eleva de forma significativa los montos a partir de los cuales una infracción pasa del plano administrativo al penal. Por ejemplo, el umbral para la evasión simple se fija en torno a los $100 millones, mientras que la evasión agravada alcanza los $1.000 millones, valores muy superiores a los vigentes desde 2017.

Además, la ley actualiza el régimen de multas, modifica los plazos de prescripción y establece un tratamiento diferencial para contribuyentes cumplidores, a quienes se les reduce el tiempo durante el cual el Estado puede iniciar reclamos. Según el oficialismo, estas medidas apuntan a brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica.

Uno de los puntos más destacados es la creación de un régimen voluntario de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas cuyos ingresos y patrimonio no superen determinados límites. En este esquema, la autoridad fiscal confecciona la declaración en base a la información disponible y, si el contribuyente paga en término, queda liberado de otras obligaciones formales, salvo que se detecten errores graves con posterioridad.

En paralelo, la ley incorpora el principio de “inocencia fiscal”, que establece que los contribuyentes deben ser considerados cumplidores salvo prueba en contrario, y habilita la extinción de la acción penal cuando prescriben las facultades del fisco para determinar o exigir un tributo.

Si bien el Gobierno evita hablar de regularización o blanqueo, el impacto indirecto sobre los “dólares del colchón” es uno de los ejes más discutidos. Al reducir el riesgo de inspecciones por incrementos patrimoniales no justificados y elevar los umbrales penales, la norma busca incentivar la formalización de activos y el uso del sistema financiero.

Con la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal, el Ejecutivo suma una herramienta clave dentro de su estrategia económica y tributaria, mientras el debate político y técnico sobre sus efectos reales promete continuar en los próximos meses.