LA REFORMA JUDICIAL EN SANTA FE: UN PASO HACIA LA CENTRALIZACIÓN DEL PODER

La reciente sanción de la ley de reforma judicial en la Legislatura de Santa Fe, que eleva a siete el número de integrantes de la Corte Suprema, ha desatado un debate profundo sobre las implicancias políticas e institucionales de esta medida. Si bien la reforma tiene la intención de modernizar el funcionamiento del máximo tribunal de la provincia, es difícil pasar por alto los riesgos que podría implicar en términos de concentración de poder y falta de garantías de independencia judicial.

Un paso hacia la sobrecarga y la falta de representación

El primer punto que salta a la vista es el incremento en el número de miembros de la Corte. La propuesta de elevar a siete los integrantes de la Corte, uno más que la actual composición, no parece venir acompañada de una justificación sólida más allá de un supuesto "mejor desempeño". Sin embargo, este cambio, lejos de resultar en una mayor eficiencia, podría traducirse en una Corte más lenta y burocrática, dada la creciente complejidad de las decisiones judiciales y el volumen de casos que debe resolver. ¿Realmente necesitamos más jueces para mejorar la justicia, o simplemente es una forma de reconfigurar el poder judicial de acuerdo a los intereses políticos del momento?

La abstención del PJ y los peligros de la politización

La reforma, que recibió el respaldo de bloques como Unidos, el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) y el Perottismo, no contó con la aprobación unánime del Partido Justicialista (PJ). La decisión del PJ de abstenerse de votar a favor de la reforma refleja las tensiones políticas que subyacen en la cuestión. No se trata solo de una reforma técnica destinada a optimizar el funcionamiento de la justicia, sino de un movimiento que podría tener fuertes repercusiones en la independencia del poder judicial.

La politización de las designaciones judiciales, al estar vinculada al acuerdo del Poder Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, plantea serias dudas sobre la imparcialidad del tribunal. En lugar de garantizar una Corte diversa y plural, la reforma podría dar lugar a una Corte más alineada con los intereses del poder político dominante. En este contexto, el límite de edad de 75 años para ejercer el cargo parece más un movimiento para depurar a aquellos jueces considerados incómodos, que una medida pensada para garantizar una justicia más renovada y dinámica.

La paridad de género: una solución que llega tarde

Otro aspecto que genera preocupación es el tratamiento de la paridad de género, establecido en el artículo 11 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aunque la ley menciona que los procedimientos de nombramiento de ministros deben "atender, de manera progresiva, a posibilitar el cumplimiento del principio de paridad de género", lo cierto es que esta medida se siente más como una respuesta cosmética a las críticas de falta de representación femenina en la Corte. Si bien el principio de paridad es loable, la vaguedad de la ley sobre cómo se llevará a cabo esta paridad deja entrever que podría ser una medida simbólica sin un verdadero compromiso con la transformación de la composición del tribunal.

Las audiencias públicas: un avance o una maniobra de control?

Uno de los puntos que ha sido recibido con algo más de entusiasmo es la posibilidad de que la Corte convoque audiencias públicas, con el fin de "elevar la calidad institucional" y "profundizar el estado constitucional de derecho". En principio, las audiencias públicas parecen ser un avance en términos de transparencia y de acercamiento del Poder Judicial a la ciudadanía. Sin embargo, las dudas surgen cuando se observa que la convocatoria a estas audiencias queda bajo la discreción de la mayoría de los ministros de la Corte, lo que podría abrir la puerta a un control político más directo sobre qué temas se someten a escrutinio público y cuáles se mantienen en la esfera privada del tribunal.

El quórum y la concentración del poder

Otro de los elementos que no puede pasar desapercibido es el cambio en la normativa sobre el quórum necesario para que la Corte funcione. La nueva ley establece que el tribunal podrá funcionar con la mayoría de sus miembros designados, y que las resoluciones podrán ser adoptadas por mayoría simple en cuestiones de gobierno. Esta disposición, en principio, facilita el funcionamiento de la Corte, pero también abre la puerta a decisiones tomadas sin el suficiente consenso. Además, la posibilidad de que un fallo se sustente solo en la mayoría de los votos podría restar peso a las opiniones disidentes y, en última instancia, minar la credibilidad de la Corte como un cuerpo que representa la diversidad de opiniones y la pluralidad de perspectivas legales.

La reforma judicial: ¿una solución o una amenaza?

Si bien es cierto que cualquier reforma judicial debe ser vista como una oportunidad para mejorar la administración de justicia, en este caso, la reforma sancionada en Santa Fe parece más una maniobra política que un avance real hacia un sistema judicial más justo y eficiente. Lejos de garantizar la independencia de la Corte, esta reforma podría consolidar aún más el control político sobre el Poder Judicial, lo que representa una amenaza para la transparencia y la imparcialidad de las decisiones judiciales.

En un contexto donde las tensiones políticas y las disputas entre los diferentes bloques del PJ y el oficialismo están a la orden del día, resulta fundamental que las reformas judiciales no se conviertan en un mecanismo de concentración de poder en manos de unos pocos. Si la reforma no va acompañada de medidas reales para fortalecer la independencia judicial, podría acabar siendo una reforma que no resuelve los problemas de fondo y, en lugar de ello, abre nuevas puertas a la manipulación y el control político.

Es hora de que los legisladores piensen en una reforma que verdaderamente fortalezca las instituciones, que garantice un sistema judicial más accesible, eficiente y transparente, y que no se limite a reconfigurar el poder judicial a medida de intereses particulares. De lo contrario, este cambio legislativo podría convertirse en un retroceso para la democracia y el estado de derecho en la provincia de Santa Fe.