NUEVA LEY PENAL JUVENIL EN ARGENTINA: PROPUESTA PARA REDUCIR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD A 14 AÑOS DESPIERTA POLÉMICA

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció este viernes que el proyecto para la nueva Ley Penal Juvenil está en sus etapas finales de redacción, anticipando un inminente debate en el Congreso. La propuesta, que incluye la controvertida medida de reducir la edad de imputabilidad a 14 años, ha generado un amplio espectro de reacciones en la esfera pública y política.

La iniciativa busca actualizar la legislación actual, datada de 1980, para reflejar los cambios socio-culturales y los desafíos emergentes que enfrenta la juventud actual, marcados por el incremento de delitos graves entre menores. La droga y la violencia son dos de los factores que el Gobierno identifica como catalizadores de esta preocupante tendencia, lo que lleva a la necesidad de un cambio legislativo.

Cúneo Libarona subraya el consenso alcanzado en torno al proyecto, destacando la colaboración de fiscales, jueces y especialistas en su elaboración. Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo asegurar que la nueva ley no solo sea efectiva en términos de justicia penal, sino que también fomente la reinserción social de los jóvenes infractores.

El respaldo político al proyecto es notable, con figuras como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el presidente Javier Milei, mostrando su apoyo. Bullrich ha sido especialmente vocal, argumentando la necesidad de la ley en el contexto de crímenes recientes cometidos por menores, como el asesinato del playero Bruno Bussanich en Rosario, que ha conmocionado a la opinión pública.

La propuesta legislativa no está exenta de polémica, especialmente en lo que respecta a la reducción de la edad de imputabilidad. Defensores de los derechos de la infancia y de la adolescencia advierten sobre los riesgos de una medida que, según argumentan, podría desatender los factores subyacentes que llevan a los jóvenes a involucrarse en actividades delictivas, como la exclusión social, la pobreza y la falta de acceso a la educación y a oportunidades de desarrollo.

A medida que el proyecto se acerca a su presentación en el Congreso, el debate se intensifica. Los defensores de la iniciativa enfatizan la necesidad de adaptar la legislación a los tiempos actuales y asegurar que los delitos graves no queden impunes. Por otro lado, sus críticos piden cautela y un enfoque más holístico que aborde las raíces del problema, temiendo que las medidas punitivas puedan tener consecuencias adversas a largo plazo en la integración social y el desarrollo de los jóvenes.