En un paso más hacia la reestructuración del sector público, el Gobierno de Javier Milei ha implementado un nuevo conjunto de despidos que afecta a la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), con la salida de 103 empleados, marcando casi el 15% de su plantilla. Esta medida se inscribe en una estrategia más amplia que busca reducir la nómina de la compañía en un 30% en los próximos meses, en un esfuerzo por mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera de la empresa estatal.
La decisión de ajustar la plantilla de ADIF se ha encontrado con la inmediata reacción de los sindicatos, que declararon el "estado de alerta y sesión permanente en todo el ámbito ferroviario", y ha levantado preocupaciones entre los trabajadores afectados, muchos de los cuales afirman no haber sido notificados previamente. Esta medida es justificada por el gobierno como un paso necesario hacia la viabilidad económica de una de las empresas públicas consideradas menos eficientes en el país.
Según un informe de la fundación Libertad y Progreso, ADIF cubre apenas el 23% de sus gastos operativos con sus ingresos, ubicándose como la octava empresa más ineficiente dentro del espectro estatal. Desde el gobierno, argumentan que estos recortes son parte de un "esfuerzo mayor" que permitirá a la empresa "fortalecer su posición financiera" y concentrar recursos en "áreas estratégicas para el futuro".
Este esquema de ajuste en ADIF no es un caso aislado sino parte de un programa sistemático de recortes y privatizaciones de empresas públicas impulsado por el gobierno Milei, con el objetivo declarado de buscar un saneamiento financiero y reajustar objetivos hacia una mayor eficiencia y sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, estas medidas plantean interrogantes importantes sobre el impacto social de los despidos y la reducción de personal en servicios públicos esenciales, en un contexto económico ya de por sí complejo.
La tensión entre la necesidad de reformar empresas estatales para hacerlas más eficientes y sostenibles y el deber de proteger los empleos y garantizar servicios públicos de calidad sigue siendo un tema de debate central. Mientras el gobierno avanza en su agenda de reformas, la respuesta de los sindicatos y la opinión pública será crucial para determinar el curso de estas políticas y su aceptación social.
