POLÉMICA: PROYECTO DE PULLARO PARA MODIFICAR LA DEFENSA PENAL ¿AVANCE O RETROCESO JUDICIAL?

En el próximo período de sesiones extraordinarias en la Legislatura de Santa Fe, el oficialismo planea abordar la reforma de la ley 13.014, que regula el funcionamiento del Servicio Público de Defensa Penal (SPPDP). El proyecto propone cambios significativos, entre ellos, la tercerización de servicios de defensa, generando controversias y divisiones entre el oficialismo y la oposición.

Desde el interbloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, argumentan que la propuesta busca optimizar los recursos del servicio público de defensa, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de los jueces. La intención declarada es mejorar la eficiencia del sistema, pero sectores de la oposición advierten que se trata de una "privatización" de la defensa penal que podría comprometer el debido proceso.

El mensaje del Poder Ejecutivo N° 5064 propone la tercerización de servicios de defensa mediante convenios con los Colegios de Abogados de la provincia, del Sistema de Prestadores de Servicios de Defensa Penal Técnica y de listas elaboradas por dichas entidades profesionales. Esto implica la delegación parcial de la demanda en estudios jurídicos privados, gestionados por los Colegios de Abogados bajo la supervisión de la Defensoría Provincial.

El proyecto también establece parámetros objetivos para medir la capacidad de respuesta efectiva de cada estudio jurídico, considerando aspectos como la cantidad de profesionales, el tamaño de las oficinas, el consumo energético y la facturación periódica. Además, propone que los honorarios de los abogados sean abonados por el condenado en costas, con porcentajes diferenciados basados en la capacidad económica y la concurrencia de factores de vulnerabilidad.

La propuesta genera preocupación entre las autoridades actuales de la Defensoría Provincial y sectores de la oposición, quienes la ven como una amenaza al garantismo y al debido proceso. Mientras el oficialismo destaca la necesidad de optimizar recursos, la oposición insiste en que se trata de un conflicto entre "garantismo vs. punitivismo populista". El debate promete ser intenso en el próximo período legislativo.