Pullaro logró aprobar su paquete de seguridad, pero debió ceder ante el socialismo para evitar la ruptura

El gobierno de Maximiliano Pullaro consiguió la media sanción de su controvertido paquete de leyes de seguridad en la Cámara de Diputados, con 33 votos a favor y 11 en contra. Sin embargo, el triunfo estuvo lejos de ser sencillo: para lograrlo debió excluir los apartados más polémicos de la iniciativa, aquellos que habían generado el rechazo del socialismo, socio clave de la coalición gobernante, y de amplios sectores del ámbito jurídico.

Entre los puntos que quedaron fuera del texto aprobado se encuentran la posibilidad de otorgar valor probatorio a interrogatorios policiales realizados sin abogado defensor y la suspensión de garantías en zonas especiales de intervención policial, una figura que los críticos equiparaban a un estado de sitio de hecho. La aprobación se dio tras una tensa interna que estuvo al borde de quebrar la alianza de gobierno.

Los artículos que el oficialismo logró conservar

Pese a las concesiones, desde el Ejecutivo provincial destacan que el texto mantiene las herramientas centrales que buscaban implementar. Entre ellas figuran un régimen más severo para reclusos de alto perfil, modificaciones en las leyes de inteligencia, cambios en el sistema de recompensas, el juicio en ausencia del acusado y los allanamientos sin aval judicial previo en casos de urgencia.

El diputado radical Martín Rosúa sostuvo que la norma aprobada conserva la esencia del proyecto original. "La ley es muy parecida a la que mandó el Ejecutivo. Las herramientas conservaron su naturaleza y su potencia", afirmó. Y detalló que durante el tratamiento legislativo se incorporaron plazos, condiciones objetivas y mecanismos de control, como ya había ocurrido en 2024 con la emergencia en seguridad, la ley de inteligencia, la de microtráfico y la reforma del Código Procesal Penal. Mencionó como ejemplo que en los allanamientos urgentes por armas o explosivos se añadió el control judicial posterior, y que para el juicio en ausencia se exigirá probar que la persona prófuga sabía que existía un proceso en su contra.

Las advertencias de los especialistas

El constitucionalista Oscar Blando evaluó el resultado con matices. "Frente al espanto que era el proyecto inicial a todas luces inconstitucional, y aunque siguen en pie cosas preocupantes, estas morigeraciones suponen un avance. Se le puso un freno desde adentro al gobierno. Este no es el proyecto que querían, aunque no vayan a admitirlo", declaró. No obstante, advirtió que persisten aspectos que considera graves: "No hay un abogado defensor frente al fiscal. La exclusión probatoria es un escándalo y sigue estando. El agravamiento de condiciones de presos de alto perfil va en contra de legislación internacional a la que Argentina adhiere. El hecho de que los fiscales puedan tomar medidas de coerción es una calamidad porque son una parte del proceso y esas facultades tienen que ser de los jueces".

En la misma línea se había pronunciado Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Santa Fe y académico en Derecho Penal, cuando los miembros del máximo tribunal fueron invitados a exponer en la Legislatura. "Están jugando sobre el límite cuando están en juego derechos fundamentales", había señalado. Y respecto de las zonas especiales de intervención policial fue categórico: "Establecer una zona especial donde se suspenden derechos es equiparable a un Estado de sitio. No importa el nombre que le pongan".

También se manifestó en contra Matías Drivet, camarista penal y exsecretario de seguridad del socialismo, durante un congreso de especialistas realizado en Rafaela. Cuestionó las facultades de interrogatorio atribuidas a las fuerzas policiales y los allanamientos automáticos, que a su criterio instituyen un régimen de excepción, debilitan el sistema acusatorio y exponen a la provincia a demandas internacionales. Asimismo, advirtió sobre el uso de "una semántica punitiva que tiene efectos prácticos en el debate público y que por eso son alarmantes".

La interna que casi rompe la coalición

El desenlace legislativo estuvo precedido por un fuerte cruce interno. Los socialistas, con 14 diputados, habían anunciado públicamente su rechazo frontal al proyecto tal como llegó al recinto. Cuando desde el oficialismo verificaron que, sin esos votos, no contaban con la mayoría necesaria, solicitaron a los referentes del socialismo que reformularan la redacción de los artículos más duros.

El clima escaló cuando varios referentes del oficialismo acusaron a quienes se oponían al paquete de poner en peligro los avances en seguridad e incluso, en las intervenciones más encendidas, de actuar en favor de "los abogados de los narcos". La reacción socialista fue inusualmente dura. "Nos quisieron poner que estábamos del lado del delito", expresó desde su banca Lionella Cattalini, quien apuntó directamente al macrista Federico Angelini, exlíder nacional del PRO y actual secretario en el Ministerio de Seguridad santafesino, a quien definió como "policía del pensamiento" y de buscar la etiqueta de "empleado del mes".

Su colega Joaquín Blanco mostró una foto del exgobernador socialista Hermes Binner junto al actual ministro de Seguridad Pablo Cococcioni cuando el primero lo designó en el Servicio Penitenciario de Santa Fe, para evidenciar que el funcionario pasó por los tres gobiernos socialistas y que la pretensión opositora no era socavar la seguridad sino rechazar una reforma inviable.

Según fuentes internas, los socialistas estuvieron a punto de romper con el pullarismo por este asunto, en un contexto donde las tensiones persisten, alimentadas por la intención de que el gobernador cierre un acuerdo electoral con Javier Milei.

Entre las iniciativas que habían generado mayor resistencia figuraban los allanamientos automáticos sin orden judicial, la facultad policial de detener a una persona hasta 48 horas sin orden judicial, la posibilidad de condenar a personas ausentes en juicios en rebeldía, los procedimientos con sanciones por exclusivo decreto fiscal y la eventualidad de declarar zonas de intervención policial especiales con controles de acceso, límites horarios a la circulación y demoras de hasta 24 horas, además de derribos de búnkeres por orden fiscal en casos excepcionales.

En reiteradas manifestaciones, Pullaro había calificado a los críticos de pregonar un "garantismo bobo", cuestionó la formación en la universidad pública, aludió a una Justicia ingenua y afirmó que desde que asumió el 10 de diciembre de 2023 "al delincuente no se lo va a ver como pobrecito".