REGLAMENTARON UNA LEY PARA COMBATIR EL ROBO DE METALES NO FERROSOS EN SANTA FE

El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe ha dado un paso importante en la lucha contra los robos de cables de empresas de servicios públicos y elementos de cobre de dispositivos de seguridad al reglamentar seis artículos de la Ley N° 14.191. Esta ley, que fue sancionada en marzo del año pasado, estableció la creación del "Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos" con el objetivo de poner fin a los delitos asociados al robo de estos materiales.

La norma define los metales no ferrosos como aquellos que no contienen hierro y sus aleaciones, enumerando ejemplos como cobre, estaño, plomo, níquel, cobalto, cromo, molibdeno, titanio, entre otros. La ley fue fruto de un trabajo conjunto llevado adelante por la Cámara de Diputados, que escuchó testimonios de empresas de servicios públicos afectadas por los robos en sus líneas e instalaciones.

El proceso legislativo incluyó audiencias en las cinco cabeceras judiciales de la provincia, donde se discutieron proyectos presentados por Oscar Martínez (Frente Renovador) y Lionella Cattallini (PS). En estas audiencias, las empresas de servicios públicos, como Telecom, EPE, Litoral Gas, ASSA y proveedores de cables, proporcionaron detalles sobre los daños sufridos y la cadena de comercialización originada a raíz del robo en la vía pública.

El Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos se establece como un organismo dependiente de la Dirección Provincial de Registro de Desarmaderos de Automotores, chatarrerías, Comercio de compraventa de repuestos usados y de compraventa de bienes usados no registrables (RE.DE) que opera en el Ministerio de Gobierno, bajo la dirección de Mauro Decándido, ex intendente de Carcarañá.

La reglamentación también determina que las municipalidades y comunas deberán ajustar los procedimientos de habilitación de este tipo de establecimientos al registro existente en el RE.DE, que ha estado funcionando durante varios años.

Otro aspecto clave de la reglamentación se refiere a la inspección, control y posibles clausuras. El Ministerio de Gobierno coordinará estas tareas a través de la autoridad de aplicación establecida por la ley, en la llamada "mesa de coordinación interinstitucional". Además, se contará con el apoyo del personal del RE.DE, así como de las fuerzas de seguridad y la intervención inmediata del Ministerio Público de la Acusación en caso de ser necesario.