Starlink opera en Malvinas y el Gobierno enfrenta una contradicción con su discurso soberanista

La empresa Starlink, propiedad de Elon Musk, firmó un convenio con el Enacom y el Ministerio de Capital Humano para brindar conectividad a 6.000 escuelas rurales del país. El acuerdo, sellado sin licitación ni concurso previo, compromete un monto cercano a los US$ 22 millones, de los cuales Argentina aportará US$ 11,89 millones.

Sin embargo, la compañía también opera en las islas Malvinas con una licencia otorgada por el Falkland Islands Communications Regulator, el organismo equivalente al Enacom en el territorio bajo administración británica. El 30 de octubre de 2025 ese regulador publicó el documento que habilitó a Starlink para operar en las islas, y al día siguiente la empresa lo celebró con una publicación en inglés en la que anunciaba la disponibilidad de su servicio de alta velocidad en las "Falkland Islands".

El cuestionamiento del secretario de Malvinas

En medio de una renovada reivindicación del Gobierno sobre la soberanía de las islas –que incluye un proyecto de ley y sanciones para empresas que operen en ese territorio–, el secretario de Malvinas, Antártida, islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, cuestionó públicamente a Starlink por prestar servicios de internet satelital en Malvinas sin autorización del Enacom.

"A partir de las recientes sanciones impulsadas por el presidente Javier Milei contra las empresas que operen ilegalmente en nuestras islas Malvinas, resulta determinante accionar también contra Starlink. Es inadmisible que brinden servicios en nuestro territorio amparados en 'licencias' del gobierno usurpador británico", sostuvo el funcionario en su cuenta de X.

Dachary también remarcó que "todo servicio de telecomunicaciones en la República Argentina requiere obligatoriamente la autorización y licencia del Enacom". Y fue más allá al señalar que el servicio "beneficia y facilita directamente la logística y las operaciones de los buques extranjeros que participan en la exploración sistemática de nuestros recursos".

La Ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones establece que, para operar en cualquier parte del territorio argentino, las empresas que brindan estos servicios deben obtener una licencia habilitante otorgada por la autoridad de aplicación, en este caso el Enacom.

La mirada de un exfuncionario del organismo

Gustavo López, exvicepresidente del Enacom, explicó que "si el Gobierno realmente considera que las Malvinas, como dice la Constitución Nacional, son territorio argentino, la autorización debería darla el Enacom". Según detalló, el organismo tiene la facultad de convocar al representante legal de la compañía y exigirle que solicite el permiso correspondiente.

"Debe intervenir de oficio, porque el único que da autorización para servicios de Internet, de telefonía fija, de telefonía móvil, de correo, es el Ente Nacional de Comunicaciones. No lo están haciendo", aseguró López. Y agregó: "Esa es la doble vara o la inconsistencia de una política exterior que se reformuló a partir de las encuestas y a partir de la bandera de los hinchas y de la selección en el Mundial".

El exfuncionario también apuntó contra el convenio firmado con la empresa: "Sin embargo Starlink, una empresa con la que acaban de hacer un convenio vergonzoso (porque no hubo concurso de precios, no hubo invitación a otras empresas), está dando, con autorización inglesa, servicios en Malvinas. Y el Enacom mira para otro lado".

Los riesgos señalados por Dachary

En diálogo con este medio, Dachary amplió sus afirmaciones: "Si bien en esta instancia no podemos auditar los contratos privados específicos que la empresa mantiene o podría mantener en las islas, el solo hecho de desplegar cobertura de alta velocidad y baja latencia sobre nuestros espacios marítimos abre la puerta a tres dimensiones operativas sumamente riesgosas".

En primer lugar, mencionó "la optimización potencial del saqueo pesquero e hidrocarburífero, ya que las flotas internacionales que operan con licencias ilegales británicas, así como las plataformas de exploración petrolera offshore, requieren transferir volúmenes masivos de datos en tiempo real".

Contar con un servicio de estas características "les permitiría coordinar operaciones geológicas complejas, monitorear el clima al instante, gestionar cadenas de suministro logísticas y comunicarse con sus matrices de manera altamente eficiente. En términos prácticos, se habilita una herramienta tecnológica capaz de hacer mucho más rentable y rápido el saqueo de nuestros recursos naturales".

En segundo término, advirtió que "la eficiencia de los buques de apoyo logístico –que abastecen tanto a la industria extractiva como al complejo militar británico de Monte Agradable– daría un salto cualitativo al tener la posibilidad de operar con conectividad de banda ancha ininterrumpida en altamar, agilizando enormemente sus despliegues".

Por último, sostuvo que "al encender su señal y ofrecer comercialmente el servicio en las islas Malvinas y sus espacios marítimos correspondientes sin la autorización del Enacom, la empresa ya está operando de manera clandestina en territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur".

En síntesis, recalcó que "al operar al margen de nuestro marco normativo se genera el riesgo inminente de que se convierta en un facilitador logístico y tecnológico para la usurpación británica, brindando el soporte ideal para consolidar una economía extractiva ilegítima que perjudica el patrimonio de todos los argentinos. Starlink –de mínima– debe ser condicionado a optar por operar en Malvinas o en el resto de la Argentina".

La aplicación del convenio para las 6.000 escuelas estará a cargo del Ministerio de Capital Humano, específicamente de la Secretaría de Educación. Desde esa cartera señalaron que "Capital Humano solo selecciona las escuelas" y derivaron las consultas sobre la situación en Malvinas a las autoridades del Enacom. Trabajadores de Arsat sospechan que las instituciones seleccionadas podrían ser las mismas a las que la empresa estatal ya les brinda conectividad, en cuyo caso "Starlink aprovecharía toda la infraestructura que ya construyó Arsat".