Con tarifas por arriba de la inflación, el Gobierno decide no cambiar el índice

La decisión del Gobierno de postergar la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la salida del ahora extitular del Indec, Marco Lavagna, se conocieron en un momento especialmente sensible del programa económico. El telón de fondo es la confirmación oficial de que las tarifas de electricidad y gas aumentarán todos los meses por encima de la inflación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la estrategia en declaraciones a Radio Rivadavia. Argumentó que avanzar ahora con un cambio metodológico del IPC podría alimentar sospechas políticas sobre una eventual “inflación más baja por cambio de índice”, justo cuando el proceso de desinflación aún no está plenamente consolidado y persisten correcciones pendientes en los precios relativos.

Caputo fue explícito respecto al sendero tarifario: tras una fuerte recomposición inicial, los aumentos deberían ubicarse “un poquito” por encima de la inflación mensual. No obstante, descartó saltos abruptos en las facturas y sostuvo que el esquema de “aplanamiento” tarifario apunta a reducir la volatilidad estacional —especialmente entre verano e invierno— y a mejorar la previsibilidad para los hogares.

El trasfondo de estos ajustes es la todavía incompleta cobertura de costos en los servicios públicos. Según estimaciones de la consultora Invecq, los usuarios residenciales pagan actualmente, en promedio, el 76% del costo de la energía eléctrica, el 61% del gas natural y apenas el 32% del transporte, mientras que el servicio de agua ya alcanzó el 100% de cobertura.

La postergación del nuevo IPC, que incorporará ponderadores actualizados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18 y otorgará mayor peso a los servicios, también generó cuestionamientos técnicos. A esas objeciones se sumó Santiago Bulat, socio y director de Invecq, quien relativizó el impacto actual del cambio metodológico, pero puso el foco en el efecto tarifario.

“La principal diferencia entre el IPC vigente y el que debería surgir con nuevos ponderadores se dio en 2024: 117,8% contra 134,8%. En 2025, en cambio, la brecha fue de menos de un punto: 31,5% versus 32,6%”, explicó Bulat.

Según el economista, con el índice actual “lo que queda por corregir por impacto directo de tarifas de luz y gas es de alrededor de cuatro puntos porcentuales en un año”. Sin embargo, advirtió que con la nueva metodología ese efecto podría ser mayor, especialmente si se suman los impactos de segunda ronda sobre otros precios de la economía.