En un giro que parece sacado de una novela de intrigas policiales pero que impacta por su veracidad, la delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina (PFA) ha sido el epicentro de un escándalo que supera cualquier ficción. Juan Ignacio Suris, conocido entre las paredes de la institución como “el tercer comandante” o “el inquilino”, ha sido el protagonista de un caso de corrupción y abuso de autoridad que ha sacudido los cimientos de la fuerza federal. Condenado por delitos federales en Bahía Blanca, Suris logró, según investigaciones, someter la voluntad del subjefe de la delegación hasta alcanzar un nivel de privilegios impensado para un recluso.
La Fiscalía Federal Nº 2 de Santa Fe, tras una meticulosa investigación, desencadenó el miércoles pasado un allanamiento a la sede de la PFA en calle San Martín 3381, llevado a cabo por la Gendarmería Nacional. Este operativo tuvo como consecuencia la detención del subcomisario Leandro Benítez, de 45 años, quien ahora enfrenta cargos graves ante la justicia federal.
Según los fiscales federales Walter Rodríguez y Milagros Traverso, Benítez habría otorgado un trato preferencial a Suris, facilitándole información sobre operativos de allanamiento relacionados con investigaciones en su contra y recibiendo, a cambio, importantes sumas de dinero. Esta asociación ilícita no se limitó a un simple intercambio de favores; trascendió hasta convertirse en una vida de lujos para Suris dentro de la dependencia.
La rutina de Suris en detención distaba mucho de ser la esperada para un recluso. Pedidos de comida a domicilio, asados para él y otros detenidos, y el uso a discreción de las instalaciones y personal de la División son solo algunos de los privilegios que le fueron concedidos, todo bajo la mirada y con la complicidad de Benítez. Esta situación llegó a oídos de la justicia gracias a una denuncia anónima que destapó la olla de uno de los casos más insólitos y vergonzosos de los últimos tiempos en la fuerza.
La maniobra, que se extendió desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2024, culminó con Benítez puesto en disponibilidad tras la investigación interna. El allanamiento no solo permitió la recolección de evidencia documental sino también el testimonio de agentes y detenidos que confirmaron los hechos, dibujando un escenario casi surrealista de abuso de autoridad.
Este caso pone de manifiesto las grietas en el sistema, revelando cómo la corrupción y el abuso de poder pueden corroer las instituciones desde dentro. La justicia ahora tiene la palabra para restaurar la confianza en una fuerza que se ve empañada por las acciones reprochables de unos pocos. Con la audiencia de declaración indagatoria fijada, el país aguarda respuestas y, sobre todo, justicia.
