El Gobierno clasificó como secreto militar una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas

El Poder Ejecutivo dispuso clasificar como secreto militar una nueva adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La medida quedó formalizada a través del Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti. La norma coloca bajo reserva absoluta las operaciones contractuales vinculadas a esa compra, de modo que el tipo de material, el costo, el proveedor y la fuerza destinataria quedan fuera del alcance público.

La decisión se conoce en un contexto de creciente tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, Milei anunció sanciones contra empresas petroleras que operan en el archipiélago sin autorización argentina y presentó denuncias penales contra varias de ellas. También instruyó un procedimiento de arbitraje ante la ONU bajo la Convención sobre el Derecho del Mar para frenar el proyecto de extracción de crudo Sea Lion y ordenó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. La respuesta de Londres incluyó la convocatoria de la embajadora argentina para entregarle una nota de protesta, mientras el primer ministro Andy Burnham advirtió ante el Parlamento que su país será “implacable” en la defensa de los derechos de los isleños.

El marco legal que habilita la reserva

El decreto se apoya en la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (24.948) y el Decreto 9390/63, que considera “secreto militar” a toda adquisición, fabricación o construcción de importancia fundamental para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas. Con esa clasificación activada, los organismos contratantes quedan exceptuados de las disposiciones de publicidad y difusión que rigen las compras del Estado.

No se trata de un caso aislado. Desde el inicio de la gestión, el Ejecutivo dictó al menos cuatro decretos de este tipo. Los tres anteriores —370/24, 807/24 y 1073/24— estuvieron vinculados a la incorporación de los aviones de combate F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca: abarcaron la operación de compra, la construcción de la infraestructura necesaria y los contratos complementarios gestionados mediante el programa estadounidense Foreign Military Sales (FMS). Un cuarto decreto, el 735/26, clasificó la exportación temporal de material de esas aeronaves para tareas de mantenimiento y actualización.

La nueva norma, en cambio, tramita bajo un expediente diferente (EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD) y no menciona a los F-16 ni a la Fuerza Aérea. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa quedó designada como responsable de instrumentar los actos necesarios para concretar la operación.

Un reequipamiento sin precedentes en décadas

La medida llega en medio de la mayor renovación militar argentina en décadas. Un relevamiento de la Unidad de Datos basado en registros del Sistema de Contrataciones Electrónicas y en acuerdos bilaterales calculó que, desde diciembre de 2023 hasta agosto pasado, el Estado destinó USD 445.026.954 a armamento, equipos militares y de seguridad. La cifra ya supera el gasto total de la gestión de Alberto Fernández en ese rubro (USD 428,7 millones) y multiplica por seis el de Mauricio Macri (USD 72 millones), pese a que Milei aún no completó tres años de mandato.

Del total, USD 381,4 millones correspondieron a las Fuerzas Armadas y los USD 63,7 millones restantes al área de Seguridad. El grueso de las compras se concentró en 2024, con USD 357,8 millones, mientras que en 2025 el monto bajó a USD 59,4 millones y en los primeros siete meses de 2026 alcanzó los USD 27,8 millones.

La adquisición más relevante fue la de 24 aviones de combate F-16 —16 monoplazas y 8 biplazas— acordada con Dinamarca en abril de 2024 por USD 301,2 millones, pagaderos en cinco cuotas anuales. Los primeros seis ejemplares llegaron al país el 5 de diciembre de 2025 y fueron presentados en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, con el presidente al frente del acto. Una segunda tanda de seis unidades arribó en septiembre de 2026, y la Fuerza Aérea estima que los 12 restantes podrían incorporarse antes de diciembre de 2027. La operación buscó recomponer una capacidad aérea de combate que la Argentina había perdido en 2015, cuando se retiraron los últimos Mirage del servicio activo, y fue gestionada por el entonces ministro Luis Petri.

Blindados, helicópteros y la apuesta submarina

El reequipamiento no se limitó al aire. El Ejército acordó con Estados Unidos la compra de 8 vehículos blindados Stryker 8x8 por USD 20 millones, con la posibilidad abierta de ampliar la flota hasta 235 unidades en distintas configuraciones: transporte de infantería, evacuación médica, comando y apoyo de fuego. Una primera partida de 50 vehículos fue inspeccionada en Texas y se proyecta su llegada antes de que termine el año.

En paralelo, el Ministerio de Defensa formalizó en marzo de 2026 un acuerdo para incorporar helicópteros UH-60L Black Hawk, también provenientes de reservas estadounidenses. El programa contempla hasta 20 aeronaves con un techo presupuestario de USD 140 millones, canalizadas a través del sistema de Ventas Militares al Extranjero. Se espera que los primeros cuatro lleguen antes de fin de año para reemplazar a los envejecidos AS332 Super Puma del Batallón de Helicópteros de Asalto 601.

La Armada, por su parte, incorporó 4 aviones de patrulla marítima P-3 Orion adquiridos a Noruega por USD 60 millones, destinados al control del Atlántico Sur y la zona económica exclusiva argentina. Completaron el cuadro 6 helicópteros Bell 407GXi por USD 32,4 millones —comprados a Canadá mediante un contrato de gobierno a gobierno— y 48 camiones Unimog U4000 por USD 8,16 millones para la logística terrestre del Ejército.

El proyecto de Presupuesto 2027, enviado al Congreso en septiembre, incluyó una autorización para tomar deuda por USD 2.300 millones destinados a tres submarinos convencionales y otros USD 1.200 millones para dos fragatas multimisión. Las unidades operarían desde la Base Naval Mar del Plata y la Base Naval Puerto Belgrano, respectivamente.

La Armada ya evaluó las propuestas de dos fabricantes europeos: la francesa Naval Group, con el submarino Scorpène Evolved —72 metros de eslora, 2.000 toneladas de desplazamiento y hasta 80 días de autonomía—, y la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), con el Type 209NG, de 63 metros y 1.590 toneladas. Según el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Marcelo Dalle Nogare, ambos países ofrecieron financiar la totalidad de la operación, que podría superar los 3.000 millones de euros.

La decisión recae ahora en el presidente Milei. Una eventual firma marcaría la recuperación de la capacidad submarina que la Argentina perdió tras el hundimiento del ARA San Juan en noviembre de 2017, cuando murieron sus 44 tripulantes. La inclusión de las partidas en el Presupuesto, sin embargo, no equivale a un contrato cerrado: la concreción dependerá de la aprobación legislativa y de los términos de financiamiento que se negocien con los proveedores.