EL PROTOCOLO ANTIPIQUETES DESAFÍA A LA CONSTITUCIÓN, DEBATE Y CONTROVERSIA

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, generó revuelo al presentar el nuevo protocolo "antipiquetes" por instrucción del presidente Javier Milei. Este protocolo advierte que las fuerzas federales y el Sistema Penitenciario Federal podrán intervenir en manifestaciones que corten calles e impidan la libre circulación, generando críticas y señalamientos de posibles inconstitucionalidades.

La resolución 943, publicada en el Boletín Oficial, lleva al ámbito normativo los anuncios de Bullrich, y ha sido objeto de cuestionamientos por parte de expertos constitucionalistas. Algunos abogados afirman que este protocolo debería ser respaldado por un proyecto de ley enviado al Congreso para modificar la normativa actual.

El constitucionalista Gil Domínguez destacó la diferencia entre una protesta pacífica y una violenta, subrayando que la primera está respaldada por la Constitución y garantiza derechos como la libertad de expresión. Sin embargo, también expresó preocupación por la posible intromisión del Poder Ejecutivo en decisiones que deberían corresponder a la jurisdicción judicial.

Desde su cuenta de X, el abogado enfatizó que la participación en una protesta pacífica está exenta de una previa autorización y que se pueden elegir contenido, mensajes, tiempo y lugar de la protesta. Criticó la presunta intromisión de la ministra en funciones jurisdiccionales al establecer reglamentaciones sin la intervención de un juez.

Ante las críticas, Bullrich defendió el protocolo, citando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y asegurando que no se busca abolir el derecho a protestar, sino establecer límites para garantizar la libre circulación. Sin embargo, las respuestas de la ministra no han apaciguado las preocupaciones sobre la posible violación de la división de poderes.

Este debate legal y constitucional plantea interrogantes sobre la legitimidad y los límites de las medidas adoptadas en nombre de la seguridad y la libre circulación en un contexto de tensiones entre el gobierno y los derechos de manifestación.