EN ROSARIO ESTÁN A UN PASO DE REGULAR EL FUNCIONAMIENTO DE UBER

Luego de permanecer estancado durante mucho tiempo, el debate sobre un proyecto de regulación de aplicaciones de transporte como Uber está ganando fuerza en el Concejo Municipal de Rosario y por primera vez hay acuerdo en avanzar en la materia. La comisión de Servicios Públicos continúa recibiendo a referentes del sector, y se espera que durante el año 2023 haya finalmente un acuerdo para tener una ordenanza que legalice el funcionamiento de estas plataformas, que actualmente operan de manera ilegal en la ciudad. Esta semana habrá una reunión especial para avanzar en este sentido.

En este marco, la Federación Argentina de Remiseros se presentó ante la comisión y planteó que no se oponen al avance de la tecnología, pero sostienen que si Uber quiere ser legal debe tributar en el país y utilizar vehículos con licencia. "Uber ni siquiera tiene un Cuit en la República Argentina, por lo tanto genera un daño a la seguridad social y al sistema tributario. Eso produce problemas a las empresas que sí están establecidas, hacen los aportes y pagan los impuestos correspondientes. Nuestra garantía es que la Municipalidad lo regule y que esté bajo esa órbita", declaró José Luis Oliva, referente local de la Federación de Remiseros.

Los concejales están analizando todos los proyectos que se presentaron en los últimos años y esta semana se reunirán para avanzar en posibles coincidencias y diferencias. En el Palacio Vasallo se han acumulado cinco propuestas: una del Ejecutivo, otra de la concejala Verónica Irizar, la de la presidenta del cuerpo María Eugenia Schmuck, la que volvió a ingresar Carlos Cardozo de Juntos por el Cambio y una nueva que presentó Miguel Tessandori recientemente.

Si bien todos han mostrado su impronta, todavía no se ha avanzado a fondo y recién ahora comenzará la discusión seria con una línea política común. Después, los asesores técnicos pulirán un borrador. Diferentes fuentes cercanas al debate coinciden en que lo más probable es que salga un proyecto combinado entre el del Ejecutivo y el de Irizar, que tienen perfiles parecidos de regulación pero dentro del esquema de que sean vehículos con chapa. Esta es justamente la posición de la mayoría de los referentes que se acercaron a llevar su opinión sobre la materia.