GASTO EN BLINDAJE MIENTRAS LA INSEGURIDAD SE APODERA DE LAS CALLES: ¿PRIORIDAD PARA PULLARO O PARA LA GENTE?

La reciente firma del decreto Nº 1392 por parte del gobernador Maximiliano Pullaro ha puesto bajo la lupa la prioridad que el mandatario da a la seguridad personal en un contexto de urgencias sociales y económicas. El decreto, fechado el 26 de agosto de 2024, autoriza la contratación directa de la empresa porteña Movilaut SA para la renovación del blindaje de dos vehículos del Poder Ejecutivo, un gasto que, según el gobierno, responde a la necesidad de salvaguardar la integridad del mandatario y su equipo de trabajo. Sin embargo, esta decisión ha desatado una polémica sobre las prioridades en el uso de fondos públicos.

La justificación oficial se basa en la ley de Emergencia en Seguridad Pública, un marco legal que permite agilizar contrataciones en áreas sensibles sin recurrir a los procesos licitatorios habituales. El argumento central es que el blindaje de los vehículos, cuyo sistema ha caducado, requiere ser renovado para garantizar la seguridad del gobernador, especialmente en un escenario de creciente inseguridad. La Dirección Provincial de Movilidad y Aeronáutica promovió la contratación directa debido a la urgencia de recuperar la operatividad de los vehículos blindados.

¿Seguridad o gasto excesivo?

Sin embargo, la decisión no ha estado exenta de cuestionamientos. Si bien la seguridad de un gobernador es un tema prioritario, surgen preguntas sobre la transparencia en los procesos de contratación y, más aún, sobre la necesidad de destinar fondos a este tipo de gastos en un contexto de crisis social y económica en la provincia. La falta de una licitación pública ha generado suspicacias, ya que podría haberse optado por un proceso más competitivo que asegurara un uso más eficiente de los recursos del Estado.

Además, no es menor la percepción pública respecto a las prioridades del gobierno. Mientras las demandas de la población en temas como salud, educación y seguridad pública en barrios vulnerables continúan desatendidas, la inversión en blindaje de vehículos parece estar desconectada de las necesidades más urgentes de la ciudadanía.

Inseguridad: un mal que afecta a todos

La utilización de la ley de Emergencia en Seguridad Pública para justificar esta contratación es otro aspecto controvertido. Mientras la provincia vive una crisis de inseguridad que afecta a miles de ciudadanos comunes, resulta paradójico que se prioricen recursos para la protección de figuras del poder, sin un debate más amplio sobre la seguridad de la población en general. La falta de estrategias integrales y de inversiones robustas para combatir el delito en las calles, las demoras en equipar a las fuerzas de seguridad y el abandono de programas de prevención en sectores vulnerables contrastan con la rapidez para blindar vehículos oficiales.

En este sentido, muchos cuestionan si la seguridad del gobernador debería ser vista como un tema de emergencia, mientras cientos de santafesinos enfrentan diariamente situaciones de riesgo sin la protección ni los recursos necesarios. La sensación de desamparo en amplios sectores de la sociedad contrasta con las medidas destinadas a la protección de las altas esferas del poder.

¿Una decisión justa o elitista?

Si bien es comprensible que el gobernador Pullaro y su equipo deban tener un nivel de seguridad adecuado, el debate no se centra en si el blindaje es necesario, sino en las formas y en las prioridades. La gestión de los recursos públicos debe ser equilibrada y transparente, y las decisiones que se tomen en nombre de la seguridad deben responder tanto a la protección de las figuras públicas como a la de la ciudadanía en general.

En definitiva, el decreto Nº 1392 y la renovación del blindaje de los vehículos oficiales plantean una pregunta clave: ¿Estamos ante una administración que prioriza la seguridad integral de todos los santafesinos, o simplemente la de sus dirigentes?