GOBIERNO NACIONAL PRESENTA LEY HOJARASCA: CLAVES DEL INTENTO POR ELIMINAR 70 NORMAS VIGENTES

El Gobierno Nacional ha enviado al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, una ambiciosa iniciativa que busca derogar 70 leyes, muchas de ellas sancionadas durante el siglo XX, con el objetivo de reducir costos innecesarios para los contribuyentes y eliminar normas que, según el Ejecutivo, afectan las libertades individuales. La propuesta fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y se presenta como una medida clave para promover la seguridad jurídica y alentar el desarrollo personal y conjunto del país.

Eliminación de Leyes y Sobrerregulación

El proyecto parte del principio de que todo aquello que está permitido por la Constitución Nacional no necesita de leyes adicionales para su regulación. En este sentido, la Ley Hojarasca pretende remover las normativas que han generado barreras para la ciudadanía, afectando tanto las libertades individuales como el desarrollo económico.

Entre las normas que se busca eliminar, se encuentran algunas que crearon organismos que, según el Gobierno, "generaron gastos innecesarios para los contribuyentes". Un ejemplo de esto es la Federación Argentina de Municipios, cuya creación implicó costos que ahora se consideran superfluos. La derogación de estas leyes, según el proyecto, ayudará a "alivianar el presupuesto público sin perder eficiencia".

Un Cambio de Paradigma Jurídico

Uno de los puntos fundamentales de la Ley Hojarasca es su intención de revertir lo que el Ejecutivo describe como una lógica restrictiva, donde “todo está prohibido, salvo lo expresamente permitido”. Este criterio es contrastado con el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. A partir de esta base, el Gobierno promueve un "principio de máxima libertad", en lugar de un enfoque basado en el control excesivo.

El proyecto también señala que muchas de las leyes propuestas para la derogación provienen de una "concepción militar" de la regulación, que privilegia el orden por sobre las libertades individuales y económicas. En este sentido, se busca corregir el impacto de normativas que, en su origen, tuvieron como fin la persecución de opositores políticos o la sobrerregulación del sector privado.

Seis Claves para la Derogación de Leyes

El Gobierno ha identificado seis criterios que han guiado la selección de las leyes a eliminar:

1. Leyes sustituidas por otras más completas y modernas: Por ejemplo, leyes de vacunación que han sido reemplazadas por marcos legales más recientes. Un caso es la ley de vacunación contra la viruela, que ya no tiene vigencia debido a normativas más actualizadas sobre la vacunación en general.

2. Leyes superadas por el avance de la tecnología y el tiempo: Como la ley que regulaba la emisión de televisión a color, algo que hoy ha sido superado por la tecnología digital. También se incluye la ley que obligaba al uso de microfilmación para el almacenamiento de documentos, una práctica obsoleta en la era digital.

3. Leyes que limitan la libertad individual: Un ejemplo es la ley que permitía al Estado supervisar y prohibir reuniones privadas, una regulación que, según el Ejecutivo, es incompatible con la Constitución Nacional.

4. Leyes que obstaculizan la desburocratización: Entre estas se encuentra una normativa que obliga a que cualquier producto que contenga un mapa en su etiqueta sea aprobado por el Instituto de Cartografía. La eliminación de estas leyes busca reducir la sobrerregulación y agilizar procesos.

5. Leyes que han perdido razón de ser: Muchas de estas leyes corresponden a organismos que ya no existen en los hechos, como el Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas y el plan de aprovechamiento energético de las mareas.

6. Leyes que crean organismos financiados por el Estado: La derogación afectará a entidades como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, que dejarán de recibir financiamiento estatal pero podrán seguir operando con recursos propios.