Kicillof impulsa un régimen de Compre Bonaerense para sostener a las pymes del biodiesel

El gobierno bonaerense avanza en el diseño de un régimen de Compre Bonaerense destinado a sostener a las pymes del biodiesel frente a la reforma de biocombustibles impulsada por Federico Sturzenegger, que ya cuenta con media sanción del Senado. La iniciativa nacional abrió un conflicto entre las provincias productoras, que sostienen que el nuevo esquema les quita mercado frente a las grandes aceiteras, mientras que las elaboradoras de bioetanol de caña de azúcar y de maíz conservan la protección.

La respuesta de la Provincia apunta a incentivar que las refinerías de La Plata, Campana, Dock Sud y Bahía Blanca prioricen el biodiesel producido en plantas bonaerenses. Los impulsores estiman que podrían disputar unas 500 mil toneladas anuales mediante beneficios impositivos y contratos de abastecimiento.

Un frente común entre PRO y kirchnerismo

La defensa de las fábricas generó un frente común entre legisladores del PRO y el kirchnerismo. Mientras el gobierno provincial prepara el régimen, el presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, presentó un proyecto de declaración para solicitar medidas de protección a la producción y el empleo, una transición y mejoras de competitividad.

Las conversaciones también habrían despertado interés en La Pampa y San Luis, mientras el pampeano del PRO Martín Ardohain reclamó incorporar la comisión de Agroindustria, que preside, al debate en Diputados.

El reparto del mercado, detrás del conflicto

Según el análisis de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), el proyecto eleva del 7,5% al 10% el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil, pero reduce progresivamente el segmento reservado a las empresas no integradas hasta el 4% en 2031 y lo elimina en 2036. En cambio, sostiene la Cámara, el bioetanol que se mezcla con las naftas pasaría del 12% al 15%, con seis puntos garantizados a la caña de azúcar y seis al maíz durante toda la vigencia de la ley.

"No podemos aceptar que para mejorar la situación de las provincias que hacen bioetanol empeoremos la situación de las que hacen biodiesel condenando a la quiebra a sus pymes", cuestionó Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB.

Según el dirigente, las pymes de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Entre Ríos elaboran el 65% del biodiesel del país y rechazan el proyecto. También afirmó que los gobiernos bonaerense, pampeano y puntano están en contra: "La Libertad Avanza puede tener mayoría, pero consenso no".

La interna santafesina y el peso de las aceiteras

La disputa atraviesa la Liga Bioenergética, que había reunido a ocho provincias para impulsar una legislación común. Ahora, las pymes cuestionan que el nuevo régimen beneficia a las provincias del NOA que producen bioetanol y a Córdoba y Santa Fe con el ingreso de las grandes aceiteras al mercado interno del biodiesel.

La pelea también cruza al peronismo, donde legisladores santafesinos podrían acompañar la reforma, y expone los intereses contrapuestos dentro de Santa Fe, donde conviven productores de bioetanol, pymes de biodiesel y grandes aceiteras.

CEPREB sostiene que la apertura beneficia a seis grandes aceiteras del polo rosarino que producen su propio aceite y también abastecen a las pymes con las que competirían. Hasta ahora, las exportadoras no podían volcar su producto al mercado interno y se les reservó los cupos exportables.

Según la cámara, el aceite de soja es el principal insumo y representa el 80% del costo del biodiesel. Las plantas regionales deben comprarlo y afrontar el flete, mientras que las compañías integradas operan a mayor escala. Por eso, el plan bonaerense busca aprovechar la cercanía entre fábricas y refinerías para disputar ese negocio con incentivos fiscales y contratos a término.

Como alternativa, CEPREB propone llevar el corte al 12,5%, reservando cinco puntos para las pymes regionales y 2,5 para las empresas no integradas de Rosario y otros cinco de libre mercado, y mantener los segmentos durante toda la ley. La cámara calcula que, si la porción protegida cae al 4%, el volumen anual disponible para las pymes bajará de 902.700 a 481.440 toneladas. Bajo ese escenario, proyecta que cerrarían 14 de las 25 plantas del país, nueve de ellas en Buenos Aires.