PULLARO A NACIÓN: ''SI NOS DIERAN LO QUE APORTAMOS EL BOLETO SERÍA GRATIS EN SANTA FE''

La eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público del Interior por el Gobierno nacional ha generado un nuevo punto de fricción en la ya tensa relación entre el ejecutivo nacional y algunos gobernadores provinciales, particularmente en el contexto de disputas crecientes con la figura de Javier Milei. Este escenario se agrava con la judicialización de conflictos por parte de varios distritos, evidenciando una creciente polarización y disputa por los recursos federales.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha sido una de las voces más críticas ante esta medida, destacando la disparidad en la distribución de los recursos generados por el impuesto a los combustibles. Según Pullaro, Santa Fe contribuye con aproximadamente 3.900 millones de pesos mensuales a este rubro, de los cuales solo 1.500 millones son retornados a la provincia, dejando una brecha significativa que beneficia principalmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La crítica del gobernador santafesino no solo pone de manifiesto las tensiones fiscales entre la provincia y el gobierno central, sino que también subraya el desafío que representa para las jurisdicciones interiores sostener servicios esenciales como el transporte público frente a políticas consideradas centralistas. Pullaro argumenta que si Santa Fe retuviera la totalidad de lo recaudado por impuestos a los combustibles, o incluso si el impuesto fuera eliminado y gestionado localmente, la provincia podría asumir completamente el costo del transporte público, beneficiando directamente a sus ciudadanos.

Esta situación refleja una problemática más amplia en términos de federalismo fiscal y distribución de recursos en Argentina, donde las provincias frecuentemente se ven en desventaja frente a los recursos asignados al AMBA. La disputa actual, enmarcada en un contexto de creciente judicialización de los conflictos fiscales y políticos entre las provincias y el gobierno nacional, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo de distribución vigente y la necesidad de buscar mecanismos más equitativos que refuercen la cohesión federal.

El desafío para los próximos meses será encontrar una vía de diálogo que permita resolver estas tensiones de manera constructiva, evitando que se profundicen las brechas regionales y se afecte la prestación de servicios esenciales para la población. La resolución de este conflicto podría sentar un precedente importante en cuanto a la relación entre el gobierno central y las provincias, y la forma en que se gestionan y distribuyen los recursos en Argentina.